Con el precio de la luz en máximos históricos, tanto las empresas energéticas y como el Gobierno se alinean en su mensaje: el alza en el mercado mayorista se debe a unos mayores costes de las materias primas y de los derechos de emisión de CO2.

Desde el Ministerio de Transición Energética, Teresa Ribera avanza que aún se verán mayores incrementos, pero que por esa razón el Gobierno trabaja ya en determinar las políticas necesarias para que esta evolución de los precios sea "racional" y se proteja a los colectivos más vulnerables. Este trabajo se está haciendo de forma coordinada con las carteras de Economía y Empresa y Hacienda, con la intención de trazar una estrategia de conjunto que sea "honesta" y ponga "en el centro de nuestra atención a los consumidores vulnerables".

Según la ministra, el aumento de precio de los últimos meses se debe a la confluencia de varios factores entre los que destaca el incremento importante de los costes de los combustibles fósiles y de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales. Pero también han influido en esta 'tormenta perfecta' las condiciones climatológicas que han llevado a una menor generación renovable, la más barata para el bolsillo del consumidor.

Si bien ha sido un año bueno en lluvias, la participación de la energía eólica ha sido menor de lo habitual; también ha sido menor la producción nuclear, en este caso debido a las operaciones de mantenimiento que se han realizado en varias plantas. Todo esto se combina con el aumento de la demanda eléctrica que se produce de forma habitual en verano derivado de las altas temperaturas.

Esta situación ha hecho que, después de cerrar agosto en máximos anuales, el precio diario de la luz llegara este miércoles a un nuevo máximo anual de 74,58 euros, sin incluir el valor de los impuestos y los peajes. Después de cinco meses consecutivos de aumento en el precio de la luz, Ribera ha asegurado durante su intervención en el Foro organizado por el diario Cinco Días que el Ejecutivo está trabajando en un paquete de medidas para ver qué se puede hacer en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura que pagan los contribuyentes, aunque avanza que hay algunos que están "muy alejados" de su capacidad de acción debido a la regulación propia del sistema. 

"Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado... Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso", ha asegurado. 

Impacto en la factura del consumidor

Para Ribera, que la factura energética esté disparada es algo que "incrementa la desigualdad", ya que los salarios y las prestaciones sociales no incrementan al mismo ritmo. "Esto es algo que no nos podemos permitir", ha asegurado la ministra.

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) prevé que el presente ejercicio cierre con un precio medio en el mercado eléctrico español de 59,8 euros el megavatio hora (MWh), un 14,6% superior al de 2017. De confirmarse esta previsión, se trataría del segundo año con el precio medio del mercado eléctrico español más caro desde 1998, de acuerdo con el barómetro energético de AEGE correspondiente a agosto.

La subida de precio en el mercado mayorista afecta también al recibo de los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Pero este impacto es limitado ya que actualmente más de un 60% del total que el consumidor paga en su factura corresponde a los denominados costes regulados (compuesto por diversos peajes energéticos, primas y retribuciones) e impuestos. Solo alrededor de un tercio de la factura que se paga cada mes corresponde al consumo de electricidad de cada hogar.

El objetivo del Gobierno es reducir los costes del sistema para que baje el recibo del consumidor. Entre las medidas que se barajan están revisar la forma en que se fijan los precios del mercado mayorista introduciendo más competencia, así como limitar el peso de la hidráulica para fijar el precio. Actualmente, el precio en el 'pool' depende de la última oferta que entre en el sistema y durante la mayor parte de las horas del día la última oferta la realiza la hidráulica. Para el resto de tecnologías de generación que se utilizan para cubrir la demanda eléctrica, el precio que cobran es el último en entrar al sistema, aunque sus costes de producción hayan sido menores.

No hay abuso, es el mercado

Desde las eléctricas tienen claro que la situación no está en sus manos, sino que depende de la coyuntura actual del mercado de materias primas y el precio al alza de los derechos de emisión de CO2, que en los últimos meses ha más que duplicado su valor. 

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha sido rotundo: la subida de la luz no está beneficiando a las empresas energéticas y no se debe a ningún abuso. "Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es consecuencia de la situación de las materias primas y de nada más". Así lo ha expuesto Bogas durante su intervención en el Foro Energético organizado por El Economista. "La alarma llega por la tarifa final que se aplica al consumidor. Pero de esa factura, la parte energética es la menor, por tanto habrá que ver todas las circunstancias que concurren", ha señalado el ejecutivo.

Cuestionado sobre si el precio del recibo se ve afectado de forma abusiva por la retribución que reciben tecnologías como la hidráulica o la nuclear, Bogas ha sentenciado que "ninguna eléctrica se beneficia de lo que está ocurriendo ahora". "Habrá que ver si el mecanismo del PVPC funciona bien. No digo que esté mal hecho, pero en el mercado libre los clientes están pagando menos", ha añadido el ejecutivo respecto a una posible revisión de este mecanismo que fija la tarifa eléctrica regulada, argumentando que el sistema marginalista que se utiliza para determinar el precio en el 'pool' es el más eficiente.

En esta línea, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha subrayado que no es "razonable" que la fijación de la tarifa PVPC esté sujeta "a ser un espejo de los precios del mercado mayorista". Esta tarifa está diseñada para los consumidores con menor poder adquisitivo y "necesitan tener una certidumbre" en sus gastos y no estar sujetos a esta "volatilidad", ha agregado.

"El mercado mayorista está asociado a subidas del precio de materias primas como el carbón y el gas y al precio del CO2. Está ocurriendo aquí, en Francia, Alemania… en la medida en que todos somos dependientes de estas materias primas", ha señalado la ejecutiva respaldando la opinión de Bogas, que también se ha referido al alza de precios energéticos en los países vecinos debido al precio de las materias primas.