Si hace pocos días explicábamos en EL ESPAÑOL que la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad en Madrid estaba frenando la llegada de startups de alquiler de patinetes eléctricos debido a las restricciones a estos vehículos, ya hay dos grandes ciudades que han fulminado casi al completo la actividad de éstas.

Barcelona y Valencia, desde el pasado lunes, se han puesto el mono de trabajo y están retirando cualquier patinete eléctrico de las empresas (y personales) que no cumplan con la normativa.

Unas normas que son muy “exigentes, ventajistas e incomprensibles”, tal y como apuntan varias empresas con las que se ha puesto en contacto este periódico. No obstante, cabe destacar que las razones por las que Barcelona y Valencia retiran estos vehículos -que vienen pisando fuerte el acelerador- son diferentes a las de Madrid.

La capital española, de momento, no ha impedido el uso económico de los patinetes. Es decir, las empresas que quieran pueden dejar sus patinetes en las calles siempre que cumplan los requisitos. Hasta ahora no hay ningún tipo de regularización, pero será a partir del 15 de octubre cuando se endurezcan las medidas. Todo lo contrario de Barcelona o Valencia donde son los ayuntamientos los que no quieren que compañías como Lime estén en pleno centro de las ciudades.

Valencia recoge los patinetes

El pasado lunes, con la llegada de Lime a Valencia, el consistorio levantino se reunió de urgencia para intentar solucionar el problema. Y el gobierno municipal tomó una decisión salomónica: no habría ningún vehículo en las calles de la capital del Turia.

Así, Anaïs Menguzzato, concejal de protección ciudadana, daba un ultimátum: tendrían un día para que la startup financiada por Uber, Lime, retirase los patinetes. Este plazo se dio después de que el Ayuntamiento anunciara que la Policía Local va a retirarlos de la calle. A su vez, la política indicaba que el problema no es con el patinete eléctrico, porque, según ella, Valencia es una ciudad ecológica. El problema para Lime es que, a diferencia de Madrid, para aterrizar en las calles se necesita una licencia explícita para realizar ese tipo de actividad económica.

De esa reunión, lejos de apaciguar los ánimos en el sector del sharing y atraer a las empresas, el Ayuntamiento de Valencia se acordaba encargar a la Concejalía de Hacienda que estudie la creación de una tasa para los servicios de sharing de vehículos vinculados a las nuevas tecnologías.

Y tras el período de avisos, se llegó a la acción. Bajo una incesante tormenta, la policía local recogía todos y cada uno de los patinetes que había repartidos por la ciudad. Además bajo una multa. La sanción por ocupación de espacio (no por vehículo) es de 750 euros, a lo que se añade 122 euros por intervención por la recogida y el transporte, más 1,05 euros de depósito por día.

Barcelona tampoco quiere ser amiga de los patinetes

El Gobierno de Ada Colau tampoco parece querer hacer migas con los patinetes eléctricos. Al igual que en Valencia, la Guardia Urbana ha comenzado la retirada de cientos de vehículos eléctricos. En esta ocasión, la empresa afectada es la alemana Wind, que ha tardado menos de 48 en comprobar las engorrosas trabas burocráticas para poder operar en las diferentes ciudades españolas.

Barcelona, no obstante, fue la primera en poner de manifiesto las restricciones a tener en cuenta por parte de las compañías. La Ordenanza de Movilidad promulgada por Ada Colau deja claro que sólo podrán circular los patinetes que lleven a un guía en representación de un grupo. Dicho en otras palabras, Barcelona considera que los patinetes son una buena fórmula de realizar rutas turísticas. Algo que dista mucho de la pretensión de las startups que han inundado las calles con estos aparatos ya que quieren que sea casi un transporte público.

Miedo entre el sector

Han sido muchas las conversaciones que este periódico ha mantenido con empresas que estaban planeando llegar a las grandes ciudades, pero todas acababan de la misma manera: “Es un adiós a que nos instalemos en el centro de las capitales”. Consideran, además, que poco o nada tiene que ver con el discurso que promulgan los consistorios. Los ayuntamientos han dicho muchas veces que la movilidad compartida debe ser el vehículo principal de los ciudadanos y este hecho no se cumple ya que “se ponen numerosas trabas”.

Barcelona, Madrid y Valencia son ya las urbes que han cerrado el paso a las startups, pero Granada, Córdoba, Sevilla, Bilbao o San Sebastián tendrán que maniobrar rápido puesto que las empresas ven una buena oportunidad de negocio el montar en patinete a las personas.