El Banco Santander estima que "está en condiciones" de llegar a obtener un retorno sobre la inversión del 14% en el Banco Popular, que es la previsión que hizo antes de hacerse con la entidad. Así lo ha explicado su consejero delegado, José Antonio Álvarez, quien ha señalado que esa cifra supone que "el negocio del Popular gane en torno a los 1.000 millones" de euros, una vez que esté integrado dentro de la estructura del banco cántabro.

Unas palabras de Álvarez en el Congreso en el marco de la Comisión de investigación sobre el sistema financiero, en la que ha defendido el proceso de resolución del 'Popu'. Un procedimiento "comunitario" y que "a nuestro juicio, se ajustó a la legalidad y fue lógico en términos económicos". Es decir, que los análisis realizados justificaban la venta al Santander por un euro, ya que después hubo que inyectarle 7.000 millones de euros. 

Esa inyección de capital que se produjo días después de la adquisición es lo que lleva a que el CEO del Santander recuerde que "no es riguroso decir que la adquisición costó un euro". A esa cantidad, además, hay que sumarle otros 13.000 millones que se inyectaron en las cuentas para garantizar la liquidez del 'Popu' y permitir que siguiera funcionando tras el procedimiento de resolución. 

Coopera con la Justicia

Precisamente, esa operación de 13.000 millones de euros es la que justifica -a juicio de Álvarez- "que existan bancos grandes", en contra de algunas teorías que señalan que cada vez las entidades financieras se están volviendo más sistémicas; algo que es visto como un peligro por algunos sectores. 

El proceso de venta del Popular es investigado por la justicia europea y por la Audiencia Nacional, lo que requiere de la colaboración del banco que lidera Ana Botín. Según algunos de los demandantes, hay cierto malestar en el juzgado y entre las partes por la falta de cooperación que hay con las peticiones de los magistrados por parte del banco. Álvarez niega la mayor, y recuerda que "estamos dando miles de documentos". 

Sin embargo, sí que reconoce que "dentro de esa documentación hay datos de clientes individuales y de empresas. Son informaciones que no podemos entregar, salvo que nos ordene el juez que lo hagamos", ha afirmado el CEO del Santander.

Aunque Álvarez no ha querido fijar una postura concreta sobre qué esperan de las reclamaciones judiciales, sí ha insistido en que participaron en un proceso "al que fuimos llamados", y por eso "estamos interesados en la máxima transparencia". 

Mejorar la resolución

No obstante, sí que reconoce que en el proceso de resolución fijado por la Unión Europea hay aspectos que podrían mejorarse. En primer lugar, asegura que hay que estudiar si es posible "optimizar la secuencia entre la normalidad, la intervención temprana y la intervención".

También pide "articular la creación de un prestamista de último recurso" que permita dar liquidez en momentos de emergencia, lo que permitiría "dar más tiempo" antes de resolver un banco para tomar decisiones y analizar sus números. 

Por último, Álvarez ha insistido en que el Popular cayó por un problema de confianza, "una cuestión que se generó a lo largo del tiempo". Para demostrarlo pide estudiar los informes de los analistas sobre el banco en los meses anteriores a su caída. 

Más allá de la propia resolución del Popular, Álvarez ha explicado a los diputados que el Grupo Santander tiene algo más de 12.000 millones de euros en créditos fiscales (DTAs) como compensación por las pérdidas de ejercicios anteriores. De esa cifra, 9.600 millones corresponden al Santander y otros 3.142 millones al Popular. 

Precisamente, el presidente del Santander España, Rodrigo Echenique, explicaba hace unas semanas en el Congreso que está previsto solicitar a la Agencia Tributaria unos 1.000 millones de euros que le corresponden por esos DTA provenientes del Popular.