Dicho arbitraje se desarrollará bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Unicitral), han confirmado hoy a Efe fuentes conocedoras de la situación.

Según la misma fuente, Sacyr considera que las actuaciones de Panamá contravienen sus obligaciones, según el acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, y con esta vía busca reforzar la protección de sus derechos.

Entre esas obligaciones, figura las de dispensar un trato justo y equitativo, no someter a la inversión de Sacyr a medidas arbitrarias o discriminatorias y no expropiar la inversión de la compañía sin el debido procedimiento legal e indemnización.

La notificación de solicitud de arbitraje ante la ONU no fija la cuantía económica de las reclamaciones, que se detallará según avance el procedimiento, han apuntado.

El consorcio Grupos Unidos por El Canal (GUPC), liderado por Sacyr, diseñó y construyó el proyecto del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá, entregado hace poco más de dos años y "que están cumpliendo su cometido de manera totalmente exitosa para el Estado de Panamá".

Durante la construcción, Sacyr tuvo que destinar importantes recursos para ejecutar el proyecto, han señalado las mismas fuentes, que han subrayado que la compañía presidida por Manuel Manrique ha decidido recurrir a la ONU tras intentar sin éxito y durante años llegar a un acuerdo con el Gobierno de Panamá para encontrar una solución amistosa.

El contrato firmado en su día por el consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá establecía un sistema interno para revolver posibles disputas y que, en última instancia, contemplaba la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje de Miami (Estados Unidos).

En julio, se supo que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) había elevado a la fase de arbitraje reclamaciones por valor de 5.393 millones de dólares (unos 5.393 millones de euros) y que de éstos quedaban por resolverse disputas por valor de 5.199 millones de dólares.

El GUPC integra también a la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, que al no ser españolas se quedan fuera de la solicitud de arbitraje presentada por Sacyr ante la ONU, puesto que se refiere a las relaciones comerciales entre España y Panamá.

En virtud del contrato con la República de Panamá, el consorcio podía reclamar por un máximo de 5.500 millones de dólares (4.740 millones de euros).