En un auto al que ha tenido hoy acceso Efe, la sección cuarta de la sala de lo Penal desestima el recurso interpuesto por varias acusaciones particulares, que defendían la pertinencia de ampliar el horizonte temporal de la prueba a fin de "arrojar luz sobre la situación del banco desde 2012 -justo antes de la primera ampliación de capital- hasta que se vendió al Santander" el 7 de junio de 2017.

Para ellas, existen claros indicios de que las presuntas irregularidades que atribuyen a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y la firma auditora PwC, "se remontan a dicha fecha".

En los recursos, las acusaciones, que instaban al juez Fernando Andreu a extender este peritaje pues "no añadiría una excesiva complejidad", veían "impensable que se analicen únicamente las cuentas anuales de 2015 y 2017, dejando orilladas las de los años anteriores, cuando son indefectiblemente el origen" de las pérdidas registradas en 2016 por la entidad.

Argumentaban la utilidad de la prueba en que muchos de los accionistas y tenedores de deuda del Popular afectados por la amortización y personados en la vía penal no sólo adquirieron títulos en la última ampliación -objeto de una de las piezas separadas- sino que habían acudido antes a la de 2012.

Sin embargo, la sala que preside la juez Ángela Murillo sostiene la "falta de necesidad, inutilidad y reiteración" de la propuesta ya que el informe acordado por el instructor tiene unos márgenes tan amplios como para "conceder a los inspectores del Banco de España libertad de criterio".

Al respecto, aunque reconoce que conforme avance el proceso pueden ampliarse los hechos inicialmente investigados, de momento no puede iniciarse una "causa general" contra los querellados, que permanecen a la espera de esta primera pericial antes de ser citados a declarar por el juez Andreu.

Además de la evolución y las causas que condujeron a la resolución, los peritos Santiago Jesús Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo habrán de analizar, entre otros aspectos, la adecuación de la política de remuneraciones, la estructura del grupo y su modelo de negocio, una actuación "suficientemente amplia" para comprobar "si intervinieron conductas presuntamente delictivas".

Precisamente hoy, el titular del juzgado central de Instrucción número cuatro ha acordado de oficio una nueva prórroga, la segunda, por espacio de un mes del secreto de sumario respecto a la pieza separada con documentación remitida por el Banco Central Europeo (BCE).

Entre los papeles se encuentra la decisión de declarar al Popular entidad "próxima a la quiebra", así como informes y conclusiones de inspección y su seguimiento desde 2012.

También requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de inversión crediticia, todos escritos con información reservada de conformidad con la normativa comunitaria.