El Taxi está un paso más cerca de que su mayor deseo se cumpla: que la actividad de Uber y Cabify se vea limitada. Es decir, que sólo haya una VTC por cada 30 de taxi. Un deseo que les va a conceder el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien este martes reconocía que el sector ha sufrido un “agravio regulatorio” que ahora se quiere compensar.

Ese reconocimiento llegaba, explican las asociaciones del Taxi, en un encuentro que mantuvieron este martes y en el que Ábalos les explicó los trazos gruesos del decreto que se aprobará el próximo 28 de septiembre. Con él se pretende que transferir a las Comunidades la capacidad regulatoria del sector VTC, de modo que éstas puedan habilitar también a los Ayuntamientos a poner sus propias licencias urbanas.

La base del decreto que quiere aprobar el Ejecutivo estará, explican fuentes que acudieron a esa reunión, en la explicación de que las VTC poseen una licencia nacional, de transporte discrecional, pero que la mayor parte de su trabajo ahora mismo es urbano. Es decir, que correspondería a las Comunidades -y después a los Ayuntamientos- tomar las decisiones regulatorias como ocurre ya con el sector del Taxi, por ejemplo.

Con este nuevo marco regulatorio las VTC estarían regidas por una normativa muy similar a la del Taxi. Una marco nacional que establece los límites generales, después de las Comunidades pondrían sus condiciones y, por último, las ciudades podrán también establecer sus propios criterios de regulación. De este modo, se habilitaría la posibilidad de que en Madrid o Barcelona los Ayuntamientos impongan la limitación de una VTC por cada 30 taxis.

Los Ayuntamientos

No sólo eso. Con la nueva normativa que está por venir se podría llegar a dar el caso de que un Ayuntamiento exija, por ejemplo, que los coches de VTC sean de otro color diferente al negro, como ocurre con los vehículos de autotaxi. 

Aunque la intención de Fomento no es obligar a las Comunidades a que asuman las competencias, sí que se establecerá un marco temporal (entre tres y cinco años) para que desarrollen los reglamentos. Si pasado ese tiempo las VTC no tuvieran sus limitaciones autonómicas, el Estado podría revocar los permisos para operar en el momento en el que tengan que ‘visar’ (renovar) las licencias; algo que ocurre cada dos años. ¿La base? El criterio de 1/30.

Fuentes del sector aseguran que, de esta manera, a corto plazo no se solventa el problema del 1/30, pero sí se tienden puentes para que -con el tiempo- se vaya cumpliendo. Además, con este complicado entramado legal se evitaría tener que indemnizar a las empresas VTC. Y es que el ministerio no quiere tener que dedicar dinero a este tipo de cuestiones, ya que las reclamaciones del sector podrían llegar a los 3.500 millones de euros.

Las Comunidades quieren dinero

En cualquier caso, no parece sencilla la solución. Algunas fuentes explican que, al final, el llegar al 1/30 quedará en manos de cada Comunidad Autónoma y de las negociaciones que haya entre el sector y los políticos regionales. Además hay que tener en cuenta que el temor de los presidentes autonómicos son las posibles reclamaciones de las VTC, por lo que numerosas Comunidades, como Cataluña, ya han exigido al Gobierno que ponga encima de la mesa dinero para hacer frente a los posibles gastos que se deriven. 

El decreto está pendiente de que la abogacía del Estado analice todas las cuestiones, y compruebe que se puede llevar a cabo. La próxima semana se llevará al consejo de ministros para su aprobación, y después el decreto tendrá que pasar la convalidación del Parlamento.

Desde el Taxi se muestran satisfechos con los avances que se han hecho hasta el momento, pero prefieren ser cautos hasta conocer la versión definitiva del texto, dado que hasta ahora no les han dado ninguna copia de cómo será el articulado final.

Además, no se puede descartar que el decreto incluya también medidas que permita una flexibilización de las tarifas del Taxi, una de las peticiones históricas de algunas de las asociaciones del sector.