La rebaja 'de choque' del recibo eléctrico le va a costar a Hacienda ingresos por 1.000 millones de euros. Esa es la cifra que ha puesto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la mesa después de que Teresa Ribera anunciara la supresión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica. 

Esa merma en la recaudación, que es al tiempo el dinero que se ahorran los españoles en su recibo, "se corregirá con otras partidas presupuestarias", ha indicado Montero en declaraciones a RNE.

El impuesto a la generación se aprobó en la reforma del sector eléctrico de 2012, con el exministro José Manuel Soria al frente de Industria, Energía y Turismo. El tipo se sitúa en el 7% y grava las ventas totales de la energía de las empresas generadoras y se traslada al consumidor casi por completo a través del mercado mayorista.

En base a los Presupuestos Generales, el Gobierno esperaba ingresar unos 1.600 millones de euros este año a través del impuesto a la generación (que se dirige a financiar los costes del sistema eléctrico). Con el alza de precios de la energía de los últimos meses, ese monto este año sería superior, indican fuentes del sector. De hecho, las estimaciones apuntan a que se dejaría de ingresar unos 400 millones en lo que queda de año.

La medida anunciada este miércoles por la titular de Transición Energética se traducirá en una bajada del recibo de la luz de entre un 2% y un 4% para los hogares y de hasta un 5,5% para la industria, señalaba la propia Ribera. En euros, en el caso de los hogares, el recibo bajará entre 1,5 y 3 euros, dependiendo del consumo.

Montero se ha alineado con la cartera de Ribera e insiste en que la medida es "sensible" a la realidad de los hogares españoles. "Lo más importante es poner en valor que el Gobierno es sensible a una realidad, que está aumentando el precio de la luz y que muchas familias con dificultades económicas llegan a un punto que le cuesta pagarlo", ha afirmado la titular de Hacienda. 

"El destino final (de esta medida) son los usuarios, son los que encienden la luz, y estaremos muy vigilantes para que se consiga el objetivo de que repercuta directamente en los bolsillos", ha agregado. Respecto a por qué el Gobierno no ha metido la tijera al IVA, como se ha pedido desde grupos de consumidores para que el consumidor note una rebaja real, la ministra ha argumentado que al tratarse de un impuesto "muy regulado a nivel europeo, no se puede establecer de forma discrecional" para determinados servicios. "La capacidad que teníamos era esta, los demás elementos son debates europeos", ha sentenciado. 

Baja el IS, sube el diésel

La ministra ha confirmado, además, que el Gobierno "está explorando" la posibilidad de rebajar del 25% al 23% el tipo nominal del Impuesto de Sociedades que pagan las pymes con una facturación de hasta un millón de euros. Aunque no es una medida segura por el momento, a Montero le parece "razonable" establecer ese umbral de rebaja.

"Ambas formaciones creemos que los grandes grupos empresariales deben contribuir más, mientras que los que han sostenido a pulmón este país, que son las pymes, los autónomos y los trabajadores, deben contribuir menos", ha indicado la ministra respecto a las conversaciones al respecto con Unidos Podemos. Además, se elevaría hasta un 15% el tipo mínimo de este impuesto y sería "de obligado cumplimiento". 

La ministra no ha detallado, en cambio, en cuánto subiría el IRPF, porque las negociaciones con Unidos Podemos siguen en marcha. Pero ha indicado que el umbral que se está teniendo en cuenta para esta subida del IRPF ronda los 140.000 ó 150.000 euros de renta.

"Yo creo que al final serán 140.000 euros, pero la letra pequeña y el detalle ya lo diremos", ha explicado la ministra. Montero ha indicado que, para ella, una persona que gana más de 60.000 euros al año es clase media, y ha puesto como ejemplo de este umbral de ingresos a profesionales que trabajan en ámbitos como la Medicina, la Universidad o la Abogacía.

En cuanto a los impuestos aplicables al diésel, una medida que el presidente Pedro Sánchez afirma que se aplicaría el próximo año, la ministra Montoro ha asegurado que "prácticamente no se va a notar". "No se dirigirá a los trabajadores (transportistas, taxistas), y supondrá 38 euros cada mil litros, unos 3,3 euros al mes para un consumidor promedio", ha señalado.