Las comunidades de vecinos sólo necesitarán mayoría simple para vetar los Airbnb

Las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple de 3/5 el establecimiento de pisos turísticos en su edificio, según adelantó la secretaria de Estado de turismo, Isabel Oliver, durante la reunión de la mesa de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para tratar de regular el alquiler de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España.

Además el Gobierno está analizando la concreción de una definición única de vivienda de uso turístico, además de la creación de un registro estatal único de este tipo de alojamiento como sistema o instrumento de control y regulación que les servirá a las Comunidades Autónomas.

A esta primera reunión de este grupo trabajo en la sede de Industria, asistieron los representantes del ramo de las comunidades autónomas, del Ministerio de Fomento, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) con el objetivo de intentar clarificar y regular el alquiler de uso turístico en España.

La mesa impulsada por Industria se reunirá de nuevo este miércoles y Airbnb, una de las empresas más conocidas del sector para el alquiler de viviendas turísticas, está convocado para trasladar sus ideas al respecto.

La plataforma ya ha indicado la necesidad de establecer un marco legislativo "claro", que respete la esencia de la economía colaborativa, y que distinga entre particulares y profesionales del turismo. Desde Airbnb, eso sí, se muestran a favor de crear un registro central único de viviendas de uso turístico, como plantea el Gobierno.

La compañía asegura que quiere colaborar con el Gobierno para que se establezca una regulación que reconozca "la posibilidad de compartir el propio hogar, que no elimine vivienda disponible en del mercado de alquiler y que respete la esencia de la economía colaborativa". 

Modificar la LAU y la LPH

El auge de este tipo de alquileres, que se produce coincidiendo con una cierta desaceleración del crecimiento del sector turístico en España, ha llevado al Ejecutivo a proponer la modificación de dos leyes clave en materia de vivienda para regular este fenómeno: la Ley de Arrendamientos Urbanos, para acotar el alquiler de temporada "una cuestión demandada por las comunidades autónomas para evitar lagunas en sus ordenamientos jurídicos"; y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), norma que establece la mayoría necesaria para realizar un cambio de estatutos.

La intención de estas modificaciones es otorgar a las comunidades de vecinos el poder de decidir sobre sus propiedades y lo que se hace en sus comunidades. Según dijo Oliver, todas las comunidades autónomas han mostrado unanimidad en la reunión en cambiar la LPH para rebajar la mayoría necesaria para la toma de cualquier tipo de decisiones. Se está estudiando cual sería este rebaje aunque la propuesta mayoritaria es que se sitúe en torno a los tres quintos en las votaciones.

Seguridad para el usuario y el propietario

La secretaria de Estado de Turismo ha destacado el papel de las comunidades y administraciones locales en materia de ordenación turística. "El Gobierno no va a entrar en ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma. Tenemos muy claro cuales son las competencias estatales y las de las comunidades autónomas. Las competencias en materia de ordenación turística son exclusivas de las Comunidades Autónomas. Cada comunidad autónoma legisla según aquello que piense que va ser mejor a su comunidad", explicó la secretaria de Estado, puntualizando en que "no va a haber una armonización".

El Estado lo que está planteando es la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación que les servirá a las comunidades autónomas para verificar que se cumple su normativa.

Airbnb también apoya la propuesta del Gobierno de crear un registro central único que facilite el cumplimiento de las normas de manera efectiva, "en lugar de endurecerlas y castigar a miles de personas responsables". En opinión de la plataforma, "un sistema único y claro desincentivará a los malos actores para que estén presentes en las plataformas".

Este registro sería un registro estatal único con la idea de dar seguridad jurídica tanto a la persona que alquila como a la que quiere alquilar. Estaría conectado con el Ministerio de Interior para en tiempo real saber las personas que están en cada una de las viviendas, conectado con Hacienda para que se cumplan las obligaciones tributarias. "Tendríamos un mapa de viviendas de uso turístico que ahora mismo no tenemos", explicó.

El Gobierno asegura que esta regulación de viviendas de uso turístico es una cuestión "muy compleja jurídicamente" porque intervienen competencias de Europa, del Estado, de Comunidades Autónomas, Consejos Insulares y Ayuntamiento.

Definición de Vivienda de uso turístico

El grupo de Trabajo también se encuentra en estos momentos discutiendo la propuesta sobre la definición única de vivienda de uso turístico. En estos momentos se está intentando llegar a un acuerdo de mínimos, la definición no está cerrada.

Finalmente, Oliver anunció que tras esta primera reunión dentro de unos días se retomará la reunión para concretar los acuerdos. Después habrá más reuniones donde se dará voz a aquellas entidades, plataformas, asociaciones de consumidores, sindicatos y aquellas personas con interés en el tema para escuchar su punto de vista "sobre una cuestión que afecta a toda la población".