La Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha querido mostrar su disconformidad con el Real Decreto del Gobierno sobre las VTC pocas horas después de que se aprobara. En concreto no comparte los cuatro años de periodo transitorio que el decreto da a las VTC.

En un comunicado el consistorio manifestó que "este Decreto Ley confirma y ratifica que corresponden a las entidades locales y metropolitanas, las competencias para regular los servicios de transporte de viajeros, incluidas las VTC que se presten en el ámbito urbano y metropolitano y que deberán sujetarse a las normas que éstas establezcan, tal como se formula en el reglamento de ordenación de las VTC aprobado por la AMB en junio pasado y temporalmente suspendido por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC)".

Es por esto que la AMB ha anunciado que pedirá al TSJC el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la aplicación del reglamento metropolitano en base a lo que ellos consideran son unas "nuevas circunstancias".

En esta misma línea el consistorio ha manifestado su "disconformidad en relación al establecimiento de un periodo transitorio de carácter indemnizatorio mínimo de 4 años, en el que las VTC podrán operar en el ámbito urbano y metropolitano sujetas a determinadas limitaciones".

Las razones que esgrime es que "entiende que esta compensación no está justificada ni desde el punto de vista jurídico ni económico y representa un escenario de complejidad de difícil gestión". La AMB va a instar a la Generalitat de Cataluña a desarrollar conjuntamente una serie de medidas de limitación y regulación de la prestación de las VTC para "reducir sus efectos negativos".

Con la AMB empezó todo

El pasado 26 de junio el ayuntamiento de Barcelona aprobó el Reglamento de ordenación del transporte urbano de viajeros en vehículos de turismo con conductor (VTC), que entró en vigor a principios de julio y defiende la lucha contra el cambio climático y el sector del taxi en toda el área metropolitana. El objetivo es garantizar la igualdad en el acceso al transporte y frenar el avance de plataformas digitales especulativas.

En un comunicado, el ayuntamiento afirmó que la normativa aprobada tiene como principal objetivo preservar el control del transporte metropolitano para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía. En este sentido, la limitación de licencias se enmarca dentro de la estrategia de lucha contra el cambio climático en el área metropolitana. Más allá de eso, señala a continuación la razón de la discordia en materia de competencia: las medidas adoptadas están destinadas a proteger el sector del taxi y a garantizar unas condiciones laborales dignas del personal vinculado al ámbito del transporte público. 

De esta forma, la regulación frena el avance de plataformas digitales especulativas que podían poner en riesgo las políticas de igualdad en el acceso al transporte y las actuaciones de mitigación de la contaminación ambiental, especialmente vulnerable al incremento del tráfico de vehículos privados de motor. Las limitaciones a las que se enfrentarán ahora empresas como Uber y Cabify son dobles: por un lado, el número de licencias a su disposición se limita a una por cada 30 de taxi; por otro lado, deberán, además, aceptar la supervisión del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), organismo dependiente del AMB, será el encargado de garantizar el cumplimiento de la nueva normativa. 

El TSJC paró cautelarmente este reglamento al aceptar la medida cautelar solicitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que limitaba la actuación de las VTC. Ahora, tras el Decreto del Gobierno la AMB espera que se levanten estas medidas y poder implementar su reglamento.