Sabor agridulce el que ha dejado el Real Decreto aprobado por el Gobierno para limitar la actividad del sector del alquiler de vehículos con conductor (VTC). Con el texto en la mano se comprueba que tendrán un período de gracia de cuatro años, en el que tendrán que empezar a adaptarse a lo que está por venir. El objetivo de Fomento es que ese plazo sea un "período indemnizatorio" antes de que los Ayuntamientos pongan sus reglas sobre cómo deben operar los coches de Uber y Cabify en sus calles. A partir de entonces, los únicos trayectos que podrán hacer las VTC serán interurbanos. 

Fuentes de Fomento subrayan que esa limitación urbana no va a hacer desaparecer las VTC, dado que en todo momento estarán operativas a nivel nacional; sin embargo, en la práctica sí que significa poner coto a su negocio. 

El período de gracia comenzará a contar al día siguiente de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso sí, aquellas licencias VTC que lleguen a partir de ahora por la vía judicial también tendrán cuatro años. Es decir, si la licencia la logran en 2019, tendrán hasta 2023 para adaptarse a las nuevas normativas. 

La normativa de Fomento contempla "eliminar" el transporte urbano para las VTC, ya que la mayor parte de sus servicios se desarrollan dentro de las ciudades. Por tanto, si quieren seguir trabajando en trayectos urbanos tendrán que solicitar a los Ayuntamientos una segunda licencia y, también a las Comunidades Autónomas. 

Adiós a la habitualidad

¿Por qué se impone un período de cuatro años? Fuentes ministeriales aseguran que esos son los años donde no habría "responsabilidad patrimonial para las administraciones".

Las autonomías sí podrán durante estos cuatro años comenzar a ajustar la normativa de las VTC para que cumplan determinados requisitos: precontratación, solicitud de servicios, recorridos, especificaciones del vehículo, etc. La clave aquí estará en saber si alguna autonomía se atreve a imponer tarifas a los coches de Uber y Cabify, tal y como ocurre en este momento con el sector del Taxi. Sin embargo, fuentes de Fomento explican que no ven posible esta opción dado que la tendencia en todo el mundo es la contraria: flexibilizar los precios de todos los sectores. 

El Real Decreto también abre la puerta a eliminar la llamada habitualidad. Es decir, que el 80% de los servicios tengan origen en la Comunidad y el 20% puedan hacerse por fuera. A partir de ahora todos los vehículos de una VTC tendrán que tener origen en la propia autonomía. 

En las últimas semanas, la incertidumbre se ha apoderado tanto en el sector del Taxi como en el de las VTC, puesto que ninguno consideraba que iban a cubrirse sus necesidades.

Constitucional y jurídicamente blindado

Este hecho ha supuesto que tanto un sector como otro se planteen la posibilidad de acudir a la Justicia para frenar la implantación del Real Decreto. En este sentido, fuentes ministeriales argumentan que "es constitucional y está jurídicamente blindado para que no pueda tener ningún resquicio".

Con este Real Decreto que se ha aprobado, tal y como explican fuentes de Fomento a este periódico, se "garantiza" una movilidad sostenible que "maximice el bienestar ciudadano" y que las competencias de transporte estén "en el ámbito urbano".

A su vez, las mismas fuentes indican que en la aprobación no han influido las huelgas que se produjeron durante el mes de junio en Barcelona y en Madrid, ya que es la concepción que tiene el Ministerio "desde el minuto uno, incluso antes de las movilizaciones del Taxi".