Vivimos tiempos de excesiva confrontación y extremismos. Cunde en exceso la fórmula “o conmigo o contra mí”. ¡Acabemos con el “otro”, en él se encuentra el mal! Cuando los asuntos de interés general se polarizan, la ciudadanía pierde. 

La movilidad es un asunto candente en el que la tecnología y el medioambiente marcan un camino de no retorno para todos. Mientras unos sectores lo toman con relativa calma, los taxis y las VTC son aún víctimas de una pésima decisión política sectorial como fue la Ley Ómnibus, ampliando la liberalización de servicios a sectores no comprendidos en la Directiva europea.

Un terreno abonado para la sinrazón, que parece que solo puede resolverse con un escenario de vencedores y vencidos: la “guerra del taxi”. A mi juicio ésta ya se zanjó con el freno a las ambiciones de la CNMC y UBER de sustituir a los taxis por VTC que puso el Tribunal Supremo, el pasado mes de junio, colmando el número de oferentes de transporte en 85.000 vehículos para toda España, cifra que alcanza la suma de ambos sectores.

Lo que ha seguido ya no era una guerra, sino una cruzada. Pero la realidad, tozuda, se impone y las causas absolutas ceden ante las relaciones complejas. Por suerte para la sociedad, muchos conflictos terminan en convivencia, aunque ello no contente a los contendientes más extremistas.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley -al que resta convalidarse por la cámara baja-, que según se entre lee en su preámbulo pretende transformar la “guerra del taxi”, en convivencia entre ambos sectores. Su medida estrella, indemnizar a las VTC concediéndoles entre cuatro y seis años de adaptación a una nueva regulación con la garantía de mantener íntegra su flota -que alcanzará cerca de 20.000 vehículos- para que durante ese tiempo las administraciones autonómicas y locales trabajen en taxificar a las VTC, y en uberizar el Taxi. Adiós recuperación del ratio 1/30, hola regulación homogénea para ambas modalidades. 

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como un nuevo Salomón, lo dejó bien claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a respuesta a un periodista “Mire las reacciones de los sectores y mire si alguno puede decir que ha ganado”, y seguidamente marcó la cruz de la moneda “es evidente que se darán recursos por todos”, señaló.

Llama poderosamente la atención que quienes defendían que la única vía para la convivencia era la recuperación de la proporción 1/30 sean ahora los máximos defensores del Decreto-Ley que la abandona en favor de una regulación cualitativa en vez cuantitativa, y que quienes siempre defendimos una solución de convivencia enfocada a la regulación y a ofrecer una mejor experiencia al usuario quedemos marginados sin posibilidad de crítica constructiva alguna sobre la solución ofrecida -que no negociada- por el Gobierno. O conmigo o contra mí, ya quedó dicho.

No encaja en algunos la actitud de ponderar bondades y criticar defectos, con ánimo de mejorar el objetivo del interés general y la convivencia ordenada, que a fin de cuentas es lo que quiere el usuario, observador en la “guerra” y, a la vez, pagano de los servicios.

Sea como fuere, la realidad es que las plataformas digitales y su red de empresarios cautivos, o como gustan llamar, colaboradores, cuentan ahora con entre cuatro y seis años por delante para consolidar sus servicios en el mercado de la precontratación de servicios de movilidad, ampliando y fidelizando clientes y gama de servicios, a los que los usuarios ni querrán ni deben renunciar. El tiempo está en sus manos.

No obstante, la explotación de las VTC se acabará asemejando al taxi con la imposición de libranzas y otras restricciones que reducirán los márgenes empresariales de sus titulares, que son quienes más han protestado contra esta norma, pero no los beneficios de las plataformas digitales, moderadamente satisfechas con la actuación del Gobierno. 

Mientras tanto, el servicio de taxi ve esfumarse la posibilidad de una compensación por la entrada desordenada de miles de vehículos competidores en su mercado y, lastrado por una regulación parcelada en los tres niveles de administración y por su propia estructura pseudoempresarial -el 98% son trabajadores autónomos- habrá de continuar enfrentándose al muro de las lamentaciones de la hiperregulación confiando en que (las cosas de palacio van despacio) en algún momento se le desate la mano que le frena en esta lucha por el mercado.

Se trata de poner al usuario en el centro de la ecuación y poder ofrecer sin absurdas trabas burocráticas lo que demanda y le decanta por las VTC, como conocer el precio antes de iniciar el viaje y obtener una mejor experiencia con mejores y cuidados vehículos, manteniendo las garantías y seguridad de un servicio público. Además, facilitar con el taxi compartido el cambio conductual y un uso racional de los recursos reduciendo emisiones. Por cierto, ocasión desaprovechada por el nuevo Ministerio de Transición Ecológica en este Decreto-Ley.

Si en este tiempo se estabilizará o no el mercado, si la regulación será eficiente alcanzando los objetivos del Decreto-Ley, es algo que no depende de nadie y depende de todos. Que taxificación y uberización acaben fundiéndose en calidad y buen servicio es la única garantía pervivencia y rentabilidad del negocio regentado por autónomos de llevar personas de un sitio a otro, hasta que irrumpa el coche autónomo.

Emilio Domínguez es abogado experto en movilidad.