En los últimos 40 años, el sistema energético español ha logrado un gran avance. Las "profundas y valientes reformas" que se impulsaron durante la Transición sirvieron como base para las mejoras en eficiencia y competitividad del sector de las últimas décadas. 

Desde 1978, el panorama energético español se ha transformado: se ha logrado una progresiva reducción del petróleo, ha aumentado la cuota del gas y las renovables tienen un gran peso en la generación. 

Los avances en el sistema eléctrico han llevado a que, descontados los impuestos, el alza del precio de la luz desde 1978 haya sido "un 45% menos que el de bienes básicos como el pan o un 40% menos que el metro cuadrado de la vivienda en la capital", ha asegurado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, durante su intervención en la jornada 'La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España'.

Galán asegura que "el coste unitario de electricidad para los hogares en términos homogéneos, esto es eliminando los impuestos que se han ido añadiendo a lo largo de todos estos años, se ha incrementado en un 30% menos que el incremento de la renta familiar disponible". 

En su ponencia, celebrada en el Congreso de los Diputados con motivo del aniversario de la Constitución, el presidente de Iberdrola no se ha referido al peso que tienen en la factura los impuestos o costes fijos que no están ligados al consumo energético del hogar, pero ha destacado que el precio final de la factura también ha aumentado por debajo de la renta disponible de las familias en estas cuatro décadas.

En concreto, la factura total "considerando todos los impuestos y costes de política energética que soporta actualmente la factura, el precio por kilovatio final ha crecido un 7% menos que la renta media de las familias" en esos 40 años, ha asegurado Galán.

Quien contamina, paga

Pero de cara a los desafíos que enfrenta hoy España en el marco de la descarbonización, para el presidente de Iberdrola, la clave está en trazar un marco regulatorio "claro e incentivador" que se apoye, sobre todo, en el principio de "quien contamina, paga". 

Es necesario un marco legal "que apoye a los que miran al futuro en lugar de quedarse anclados en el pasado y que no penalice a las tecnologías no emisoras mientras se mantiene artificialmente la competitividad de las que sí emiten", ha afirmado Galán.

Para cumplir con la agenda de objetivos medioambientales 2030 comprometida por la Unión Europea, es necesario elevar el peso de las renovables en el mix energético y reducir el de las tecnologías emisoras. Esto implica inversiones millonarias, asegura Galán, de entre 70.000 y 100.000 millones "para llegar al objetivo del 70% del peso de las renovables en el consumo eléctrico".

Y el mercado tiene que sentir la seguridad suficiente para lanzarse a gastar ese dinero, opina el ejecutivo, algo que solo se conseguirá con "marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria" para atraer el capital. Ofrecer "visibilidad más allá de situaciones coyunturales", subraya Galán.

En este sentido, el presidente de la energética ha mostrado su confianza en que el Plan Nacional de Energía y Clima que está en este momento preparando el Gobierno de Pedro Sánchez "recoja estos objetivos claros y ambiciosos". 

Galán ha destacado, además, el grado de "diversificación y sostenibilidad" del parque generador, donde las renovables aportan un 21% de la producción, la nuclear otro 21% y los ciclos combinados un 14%. Esto ha llevado a que España haya reducido sus emisiones por unidad de producción en casi un 40% desde 1978.

Pero los esfuerzos realizados han sido insuficientes en un aspecto clave: las interconexiones. "La capacidad de interconexión eléctrica de España sigue siendo reducida, con lo que el saldo neto de intercambios internacionales significa apenas un 4% del total de la demanda", ha subrayado.

Un regulador único

Además de Galán, han participado en la jornada el presidente de Agbar, Angel Simón, y Julián Núñez, de Seopan, que también han destacado la contribución del sector privado al desarrollo de los servicios públicos en las últimas cuatro décadas.

Para Simón, la Constitución ha servido como marco para el impulso de las infraestructuras que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, como son el suministro de agua y el saneamiento. "Sin la colaboración público-privada, los sectores que requieren grandes inversiones para contribuir al desarrollo del país no se habrían consolidado como un modelo de éxito", ha afirmado el presidente de Agbar en su intervención.

Pero además de este marco, es necesario "contar con un regulador único, que aporte unos criterios fijos para definir la calidad del servicio para todo el territorio y defina las inversiones estratégicas teniendo en cuenta el envejecimiento de las infraestructuras y evitando que las posiciones ideológicas frenen el desarrollo e implantación de soluciones efectivas", ha destacado Simón. 

Núñez, de Seopan, ha secundado esta visión y ha defendido la necesidad de contar con un marco regulatorio homogéneo para impulsar las infraestructuras y primar inversiones estratégicas.