Reino Unido investiga a KPMG, Deloitte, EY y PwC para asegurar la competencia
- Las cuatro firmas de servicios profesionales están en el punto de mira de la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido.
- La facturación de Deloitte crece un 11% y alcanza los 43.200 millones de dólares
- EY aumenta un 7,4% sus ingresos en todo el mundo en su último año fiscal
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La Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre las cuatro firmas de servicios profesionales más importantes del mundo -KPMG, Deloitte, EY y PwC-, denominadas como Big Four, para asegurarse de que el sector es lo suficientemente competitivo como para mantener sus "altos estándares de calidad".
Los reguladores británicos han asegurado en un comunicado que han decidido comenzar a examinar a las cuatro firmas después de un aumento de las "preocupaciones" sobre los estándares de las auditorías realizadas por dichas compañías tras la quiebra de la constructura Carillion.
"Si los críticos de los procesos de auditoría están en lo cierto, no son solo las empresas que compran auditorías son las que pierden, sino también los fondos de pensiones, los inversores y las personas que ponen sus ahorros en aquellas compañías cuyas auditorías pueden ser defectuosas", ha apostillado el presidente de la CMA, Andrew Tyrie.
La revisión de las firmas de servicios profesionales se centrará en tres áreas principales: selección, resiliencia e incentivos. La CMA asegura que, aunque los cambios legislativos recientes han fortalecido la competencia entre las Big Four, la mayoría de las grandes compañías de Reino Unido siguen eligiendo de forma exclusiva a una sola de ellas para auditar sus cuentas.
Además, la revisión realizada por parte de los reguladores británicos está destinada a evaluar si alguna de las cuatro empresas se encuentra en riesgo de estar en posición de ser "demasiado grande como para quebrar", lo que "amenazaría" la competencia a largo plazo.
Con respecto a los incentivos, la CMA va a resolver si el proceso de selección del auditor, que es elegido por la empresa en lugar de por los inversores, puede provocar una "falta de incentivos" para llevar a cabo análisis que desafíen los intereses de las compañías.