La Justicia de EEUU decide esta semana si el Santander debe revelar los secretos del Popular

Tanto el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle como los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital, representados por el despacho Quinn Emanuel, iniciaron en marzo y abril procedimientos legales en EEUU para obtener esta información, al considerar que la Justicia estadounidense es "más garantista" que la española en este tipo de procesos.

El procedimiento, conocido como 'Discovery', permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos, como es el caso de Banco Santander, y se considere que ostenta documentación relevante.

Según las mismas fuentes, el juez de EEUU accedió a reunirse con los fondos que abrieron este proceso legal, un encuentro que se celebró el pasado viernes 12 de octubre y en el que les trasladó que tomará una decisión esta misma semana.

A los dos fondos representados por Quinn Emanuel se unió también Algebris --entre los tres perdieron alrededor de 850 millones de euros con la resolución de Banco Popular--. Estos solicitaron información sobre diversos aspectos de la resolución, entre los que se incluyen las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociación.

FRENTES EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Asimismo, el grupo de bonistas integrado por Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit tiene otros frentes abiertos en la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Junta Única de Resolución, si bien no todos los fondos están personados en todos los procedimientos.

De su lado, el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle y autodenominado MIG, compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad. Además del procedimiento legal en Estados Unidos, presentó dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución y posterior venta de la entidad incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

En concreto, el MIG presentó un solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, así como una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

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