El Santander cifró en 2.500 millones el riesgo por litigios antes de comprar Popular

El Santander tenía muy claros cuáles eran los riesgos legales que corría en caso de que comprase el Banco Popular. Así se desprende de la presentación que analizó el consejo de administración de la entidad cántabra cuando aprobó lanzar una oferta por la entidad. En ese documento se fijaba que la adquisición del ‘Popu’ podría conllevar hasta 2.500 millones de euros en reclamaciones judiciales.

La cifra procede de la valoración de dos tipos de riesgos diferentes: aquellos que se basan en las posibles reclamaciones judiciales por las pérdidas obtenidas en las ampliaciones de capital de los años 2012 y 2016; y los que se derivan del impacto de la devolución de las cláusulas suelo. Es decir, 2.151 millones de euros en el primer caso, y otros 345 millones de euros en el segundo.

Si miramos las ampliaciones de capital, la presentación -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- detalla cómo en el caso de la llevada a cabo en el año 2012 se estima que los inversores perdieron 1.238 millones de euros. En el caso de los inversores institucionales se dejaron 611 millones y en el de los particulares (retail) 626 millones de euros.

Las ampliaciones

Las cifras para la ampliación de capital del 2016 son las siguientes. La pérdida estimada por aquellos que invirtieron: 913 millones de euros. De esa cantidad, 440 millones de euros corresponden a los institucionales y el resto (473 millones) al sector retail. Hay que recordar que en esos procesos de búsqueda de capital se captaron 2.500 millones de euros en cada uno de ellos.

Visto lo visto, y según detalla el documento, el Santander cifraba en 1.000 millones de euros el impacto legal que iba a tener el banco en caso de comprar el Popular. ¿El motivo? Se asumiría la pérdida de los inversores particulares (retail), o la que fuera mayor que, en este caso, coincide. Por tanto, parece dar por descontado que los mayores inversores (los institucionales) tendrían que asumir las pérdidas tras la compra del banco y que los tribunales no les darían la razón en sus reclamaciones o se demoraría en el tiempo la solución.

Unos números que se pueden encontrar en una presentación realizada al consejo de administración del Santander, y que ha sido incorporada al sumario del caso Popular que se investiga en la Audiencia Nacional.

Cláusulas suelo

El consejo de administración también analizó cuánto tendría que pagar por las cláusulas suelo del Banco Popular. El “riesgo potencial” en este caso, y “aplicando los criterios de Unicaja” es de 350 millones de euros.

¿De dónde salen los números? La estimación realizada por el Santander es que existe un riesgo potencial de demandas por cláusula suelo en el ‘Popu’ de 924 millones. De ellos, 579 millones ya están provisionados por el banco. Por tanto, la diferencia (346 millones) es la cantidad a la que el nuevo propietario tendría que hacer frente, según estimaciones del Banco Santander.

A estos números hay que sumarle también las pérdidas acumuladas por los tenedores de unos convertibles con vencimiento en noviembre de 2015. Se trata de 700 millones en donde los inversores tuvieron una pérdida efectiva del 35%, unos 250 millones de euros. Según se detalla, la memoria anual del 2016 del Popular estimaba un ajuste potencial de 17 millones, aunque indica que “podrían ser más”. in embargo, no se llega a cuantificar.

El sumario

Todos estos datos forman parte de la documentación que el Santander ha enviado a la Audiencia Nacional. Allí, y a través de un grupo de peritos se está decidiendo qué información es la que debe ser accesible por los abogados de los inversores del Popular, y cuál deben permanecer bajo secreto sumarial por contener información sensible para la entidad financiera.

Dentro de toda esa documentación aparece también cómo el consejo del Santander autorizó a sus dirigentes a lanzar una oferta por el Popular por un valor de entre 0 y 200 millones, siempre que la entidad se encontrase en resolución. Así lo adelantaba Vozpópuli, en donde también se informaba que el permiso fue concedido quince días antes de que se hiciera efectiva la caída del banco presidido por Emilio Saracho.

La decisión de dar el visto bueno a una hipotética oferta de compra responde a un completo análisis efectuado por el Santander desde semanas antes a la vista de cómo evolucionaba el Popular. De hecho, el banco cántabro fue uno de los que estuvo inmerso en el data room abierto por Saracho para recibir ofertas de compra, lo que le permitió acceder a numerosos datos para efectuar un completo análisis de la situación en la que se encontraba el banco.