Por Belén Carreño

El informe de 12 páginas, fechado el 16 de julio de 2018, es preceptivo pero no vinculante. Sin embargo, hace políticamente muy difícil para el Ayuntamiento de Retortillo dar la licencia urbanística ya que dejaría el camino abierto a los recursos legales contra la decisión.

La Diputación dice en el informe que la licencia que ha pedido Berkeley no "resulta conforme a la normativa urbanística".

Por un lado, el informe razona que Berkeley no es propietaria de todos los terrenos sobre los que se planea la mina. Además, el informe asegura que el segundo problema para conceder la licencia es la "falta de presentación de proyecto técnico básico y de ejecución".

Los letrados recuerdan que aun si Berkeley obtuviera en algún momento la licencia urbanística "la ejecución de las obras [...] no podrá dar comienzo hasta que cuente con la autorización del Ministerio correspondiente", en referencia al Ministerio de Transición Ecológica.

Berkeley reconoció el lunes que el Ayuntamiento de Retortillo había recibido una notificación de la Diputación que no garantizaba el permiso por "dos circunstancias" relevantes pendientes de resolver, y a las que la compañía dice haber atendido.

En el mismo comunicado, Berkeley reiteró que el calendario para obtener estas licencias era incierto, y que escapaba al control de la empresa.

Dos fuentes conocedoras del proceso dijeron a Reuters el martes que el Gobierno español no autorizará los permisos finales necesarios para abrir la mina. Las acciones de Berkeley caían más de un 29 por ciento en la bolsa de Madrid y se suspendieron en el parqué australiano.