El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, cuyo anteproyecto de ley ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes, no gravará las operaciones del mercado primario, es decir, las que se produzcan con motivo de una operación pública de venta o de suscripción de acciones (OPV o OPS) que suponga el debut en Bolsa de una compañía.
Así lo ha aclarado la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha aclarado que el tributo se centrará en las entidades que actúan como intermediarios financieros y que tendrá liquidación mensual.
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'Tasa Tobin', consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Solamente se someterán a la tributación del 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Según el Ejecutivo, se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria.
Impuesto digital y contra el fraude fiscal
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno también al impuesto digital y a otro en materia de lucha contra el fraude fiscal que traspone la Directiva Europea antielusión.
Según ha explicado Montero, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.
Respecto al anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno ha anunciado la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón) y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.
El resto de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de cara a 2019 se incluirán en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata de incrementos o modificaciones de impuestos ya existentes, por lo que no es necesario aprobar textos normativos específicos.