El sector de las VTC ha cogido algo de aire tras la votación en el Congreso del decreto del Gobierno que busca limitar su presencia en las grandes ciudades. Aunque el texto sale adelante gracias al respaldo del PSOE y sus socios de moción de censura (Podemos, PdeCat, ERC y PNV), ahora tendrá que tramitarse como proyecto de ley.

En total 179 votos a favor del texto del Gobierno (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias): 164 en contra del decreto (PP y Cs) y dos abstenciones.

A favor del proyecto de ley por la vía de urgencia se han pronunciado 184 diputados a favor (PP, Cs, ERC, PDeCAT, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria) y 160 en contra (PSOE, PNV) con dos abstenciones. 

El decreto elaborado por el Ejecutivo prevé que en cuatro años las Comunidades y los Ayuntamientos establezcan una licencia urbana para coches de Uber y Cabify. Durante ese tiempo podrán seguir operando con normalidad y debe servir como período indemnizatorio. Sin embargo, desde ERC y PDeCAT hay serias dudas de que esto vaya a ser así, y de que no vayan a tener que pagar dentro de unos años por sentencias judiciales. 

ERC y PdeCat quieren el dinero

¿Qué quieren entonces? Exigen al Gobierno que garantice que será el Estado quien se haga cargo de esas cantidades y no las Comunidades o los Ayuntamientos. Además, tanto ERC como el PDeCAT insisten en que el Ejecutivo debería "blindar las competencias de la Generalitat" para evitar que -haga lo que haga en esta materia- puedan producirse recursos ante los tribunales por parte de la abogacía del Estado.

Estas exigencias, que no han sido atendidas por el Gobierno, son las que han hecho que hayan solicitado la tramitación como proyecto de Ley para que se puedan introducir enmiendas en el texto. Es decir, cambios normativos. Una solicitud a la que se han sumado también otras fuerzas parlamentarias como Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos -pese a que estos dos últimos han votado en contra del decreto. 

Por tanto, se abre ahora la puerta a grandes cambios que edulcoren la normativa, aunque los primeros efectos del decreto podrían empezar a notarse en las próximas semanas dado que, hasta que se apruebe la Ley, estará vigente. 

Desde la patronal del sector VTC, Unauto, se muestran satisfechos por la decisión del Congreso. A juicio del presidente, Eduardo Martín, "se pone en evidencia la falta de diálogo" del Gobierno a la hora de elaborar el decreto. 

La LOTT se abre en canal 

Las empresas de VTC podrán seguir negociando con los grupos parlamentarios algunas enmiendas que puedan acabar o –al menos edulcorar- con las restricciones impuestas hasta ahora y que, en la práctica, suponen su eliminación de las ciudades. Especialmente de Madrid y Barcelona. 

No sólo eso, es que los expertos consultados por EL ESPAÑOL avisan de que con este cambio se abre un tema muy peligroso: hacer grandes cambios en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Es decir, meter mano en un melón que no estaba abierto como es el de modificar las condiciones en el reglamento del transporte de viajeros por carreteras, en el de mercancías, etc. 

La respuesta de Ábalos

Una situación que ha lamentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien cree que "nadie ha escuchado" los motivos del Ejecutivo para poner encima de la mesa esta normativa. "La buena fe ya se puso con el decreto aprobado antes del verano por el Gobierno de Rajoy y no ha servido para nada". 

"Hay que tener valor para hacer las cosas", ha espetado Ábalos a los grupos. "Cuando tramitemos el proyecto de ley estaremos en la misma situación que ahora, con los mismos argumentos", ha insistido. 

Los taxistas se van con un sabor agridulce del Congreso. Esperaban que el decreto saliera sin cambios; sin embargo, ahora se abre la puerta a que no todas sus reivindicaciones puedan ser atendidas. 

Desde la Plataforma Integral del Taxi (PIT), su portavoz Tito Álvarez, ha enviado un mensaje a sus miembros para explicarles que "la mayoría está de nuestro lado, por lo que habrá que trabajar para que las enmiendas blinden aún más al sector". 

Así es la norma

La nueva normativa convierte las licencias VTC en permisos nacionales, que requieren de licencias autonómicas y municipales para operar en esos ámbitos. Se abre un período de adaptación de cuatro años, que se considera como la indemnización que deben percibir las empresas de VTC por los ‘daños’ ocasionados. Pueden ser dos más bajo determinadas circunstancias.

Tras ese plazo, y si los tribunales y Bruselas no intervienen, el número de licencias de coches que operan con Uber y Cabify en las ciudades se reducirá sensiblemente. A falta de conocer los cambios que se introduzcan en la futura Ley.

Se trata de un decreto muy cuestionado por los empresarios que operan las VTC. Distintos informes jurídicos adelantados por EL ESPAÑOL muestran sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma.

 No sólo eso, es que avanzan ya demandas millonarias contra el Estado por lo que consideran una “expropiación encubierta” de unas licencias que les fueron entregadas por la Administración.