Saracho desaconsejó la subasta por Popular por sus posibles efectos negativos

En una carta fechada el 4 de junio de 2017, tres días antes de la resolución, Saracho temía que este proceso "abortara todas las posibilidades" de la venta privada en la que continuaban trabajando y en la que estarían interesadas BBVA y Santander.

Remite así al informe elaborado por asesores financieros del banco de inversión Lazard, que descartaba la existencia de potenciales compradores en el extranjero y limitaba las opciones para el Popular a estas dos entidades, cuya cultura corporativa favorecería además la integración del negocio.

El documento, uno de los últimos desclasificados por Europa, al que pueden acceder desde hoy los accionistas que recurrieron la operación, estimaba en 4.500 millones de euros el valor neto de las sinergias de cerrarse finalmente la transacción en cualquiera de ambos casos.

En su opinión, "sería posible crear suficiente tensión competitiva entre BBVA y Santander para maximizar el valor de las acciones del Popular", y añadían que, durante todo el procedimiento, era "crítico mantener la estricta confidencialidad", de cara a evitar cualquier inconveniente que pusiera en peligro el negocio del Popular.

Criterio que asumía Saracho en su carta a la presidenta de la JUR, Elke König, a la que explicaba que una eventual subasta podría no garantizar el futuro del banco, especialmente si salía a la luz a través de los medios de comunicación.

De ser así, continúa, se abortaría toda posibilidad de negociación privada, "desencadenando una situación que obligaría al Popular a resolver".

Tres días más tarde, la entidad fue vendida al Santander al precio simbólico de un euro tras haber sido resuelta por su falta de liquidez, cuando apenas contaba con una capitalización de 1.335 millones de euros y se encontraba "quebrada o próxima a la quiebra".

Bruselas y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidieron entonces que la operación, la primera de este estilo acordada por las autoridades del Viejo Continente, "era de interés público porque protegía a todos los depositantes del Popular y garantizaba la estabilidad financiera".

Sin embargo, sus más de 300.000 accionistas y tenedores de deuda subordinada perdieron el 100 % de su inversión, afectados por la amortización, lo que dio inicio a una oleada de medidas legales tanto en Europa como en España, en todas las vías posibles.

El pasado junio, el panel de recursos de la JUR aceptó ampliar el acceso a información hasta ahora confidencial, entre los que están ambos documentos, al entender que eran aspectos importantes para que los perjudicados "tengan la oportunidad razonable" de impugnar o no la operación, y personarse en las distintas causas abiertas.