La UE renuncia a poner en marcha de manera inmediata y en solitario la tasa digital con la que querían obligar a los gigantes tecnológicos como Google o Facebook a pagar más impuestos en Europa. Si el nuevo impuesto llega a aprobarse -lo que todavía está en duda por la oposición frontal de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Chipre- entraría en vigor como muy pronto en 2021. El objetivo es dar tiempo para que se encuentre una solución en el seno de la OCDE con el resto de socios internacionales, como Estados Unidos. Sólo si fracasan las negociaciones en la OCDE, los europeos seguirían adelante con esta iniciativa, según ha concluido el Ecofin celebrado este martes.

Eso significa que el Gobierno de Pedro Sánchez se queda solo en su intención de aplicar de inmediato el nuevo impuesto. Durante el debate, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dejado claro que España pretende seguir adelante con la tasa digital incluso aunque no se apruebe en la UE. "No podemos seguir en una situación en la que no haya igualdad de trato entre actividades digitales y no digitales", ha dicho. Calviño pretende recaudar 1.200 millones ya en 2019, muy por encima de las estimaciones de la Comisión Europea, aunque en teoría la tasa española sigue su modelo.

Bruselas había propuesto que la nueva tasa, que debía entrar en vigor de forma urgente, se aplicara al volumen de negocios de los gigantes tecnológicos en lugar de a sus beneficios. Con un tipo del 3%, se recaudarían unos ingresos de hasta 5.000 millones de euros al año, según sus cálculos. Se gravarían tres tipos de actividades: la venta de publicidad online, los ingresos generados por las actividades de intermediación de las redes sociales y la venta de datos de los usuarios.

Sin embargo, en el debate público celebrado en el Ecofin ha vuelto a quedar claro que esta propuesta no genera la unanimidad necesaria para salir adelante. Suecia, Dinamarca, Irlanda y Chipre han justificado su rechazo por el riesgo de desencadenar otra guerra comercial con Estados Unidos y el posible impacto negativo sobre la competitividad y la innovación las empresas digitales europeas. Los cuatro países sostienen además que los planes de Bruselas favorecen a los países grandes en detrimento del modelo económico los Estados miembros pequeños.

Otros países también ven con cautela aunque están dispuestos a seguir negociando. En este grupo figuran Alemania, Finlandia, Holanda, Lituania, República Checa o Malta. Los Estados miembros que apoyan claramente la tasa digital -aunque mantienen algunas dudas técnicas- son Francia, España, Austria, Estonia, Bélgica, Croacia, Reino Unido, Eslovaquia, Letonia, Italia, Grecia, Polonia, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovenia. Las decisiones sobre impuestos en la UE sólo pueden adoptarse por unanimidad de los 28.

Pacto entre París y Berlín

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha hecho un último intento de salvar la tasa digital con su propuesta de retrasar su entrada en vigor hasta 2021. Una solución que ha pactado con su homólogo francés, Olaf Scholz. El objetivo de ambos es que la directiva se apruebe durante la próxima reunión del Ecofin el próximo 4 de diciembre. Pero el texto incluiría una cláusula según la cual la tasa digital sólo se activaría si la OCDE no alcanza un compromiso sobre fiscalidad digital en verano de 2020, la fecha que ya se ha fijado como objetivo.

Le Maire ha renunciado así a su propuesta inicial de incluir una cláusula de caducidad, cuya lógica era exactamente la contraria. De acuerdo con este plan, la tasa digital se aplicaría en un primer momento en solitario y de manera unilateral en la UE y sólo se suprimiría cuando se llegue a un acuerdo en la OCDE. Aprobar ahora la tasa pero dejarla en suspenso serviría a la UE de "palanca" para forzar un compromiso a nivel internacional.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se ha mostrado dispuesto a estudiar el compromiso franco-alemán. A su juicio, hay dos motivos fundamentales por los que la UE debería actuar de forma urgente. En primer lugar, para restablecer la "justicia fiscal", ya que los gigantes digitales pagan muchos menos impuestos que las empresas con presencia física: un tipo medio del 9,5% frente al 23,2%.

Pero lo que la Comisión quiere evitar a toda costa es un caos de soluciones contradictorias, ya que hasta 11 Estados miembros han expresado ya su intención de implantar este impuesto. "Si nos quedamos de brazos cruzados, el mercado interior se fragmentará y las empresas europeas serán las víctimas", sostiene Moscovici. "Es una ocasión única de mostrar a los ciudadanos que Europa no es el problema sino la solución, que las multinacionales no pueden escapar a la justicia social y continuar actuando con total inmunidad", ha agregado.

La incógnita ahora es si las concesiones de Francia serán suficientes para convencer a Irlanda, Suecia, Dinamarca y Chipre. Los cuatro países todavía podrían vetar cualquier acuerdo, por mucho que sea descafeinado y de mínimos, en el Ecofin de diciembre.