Faltan más de dos décadas para su potencial llegada, pero la sola propuesta ha sido un latigazo para la industria automotriz española. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno marca 2050 como año en que desaparecerán del parque móvil los vehículos que emitan dióxido de carbono de forma directa y, para cumplirlo, una década antes se prohibirá su venta. 

Desde el Ministerio de Transición Energética defienden que la medida es necesaria para cumplir con los ‘ambiciosos’ objetivos en materia climática que se ha marcado España y que siguen la estela de lo marcado por la Unión Europea, pero la decisión no ha caído demasiado bien en un sector que representa casi un 9% del PIB español. Sobre todo porque esta propuesta se ha hecho sin contar con su opinión. 

“Es una medida excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”, comentan a este periódico desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Fuentes de la asociación señalan que la prohibición de venta y matriculación de coches con motor a gasolina, diésel, gas (GNC y GLP) o híbridos supone ir en contra del principio de neutralidad tecnológica, algo que defiende la UE, y que en el corto plazo tiene un impacto sobre otras tecnologías con las que el parque móvil tiene que convivir hasta 2040.

Anfac apunta a esta discriminación porque desde que la ley entre en vigor se prohibirá cualquier incentivo o subvención hacia los carburantes fósiles. “Sólo se podrán subvencionar los vehículos eléctricos puros, con lo que desactiva los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo y discrimina a una tecnología limpia y eficiente frente a otras, que deben servir de puente para alcanzar la movilidad de bajas emisiones y cero”, indican desde la asociación que representa a los grandes fabricantes en España, desde Alfa Romeo, Citroën, BMW, Dacia o Fiat, hasta Grupo PSA, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen y Renault, entre otros.

Como ya han defendido en otras ocasiones, Anfac subraya que la industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico, pero que esa transición debe ser “ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”, como expresó su vicepresidente, Mario Armero.

Señal al mercado

La prohibición de motores contaminantes busca lanzar una “señal clara” a los fabricantes sobre la dirección hacia la que deben llevar sus producciones, justifican desde el Ministerio. Algunos fabricantes, como Volvo, ya han anunciado que a partir de 2019 sólo venderán eléctricos. Toyota, pionera en el desarrollo de coches eléctricos, dejará de vender diésel en Europa a finales de 2018. 

Es más, aseguran desde el Ministerio que dirige Teresa Ribera, algunas regiones ya han tomado medidas en este sentido, como es el caso balear, que en su norma autonómica de Cambio Climático plantea que todo el parque de la isla sea eléctrico para el año 2050, restringiendo primero los diésel en 2025 y los de gasolina en 2035.

En este sentido, desde Anfac defienden el esfuerzo inversor que está haciendo la industria para adaptarse a las nuevas formas de movilidad y la necesidad de defender la segunda posición que ostenta España como fabricante de automóviles a nivel europeo. Es más, según su vicepresidente, Mario Armero, para que el sector español no pierda peso tiene que apostar por fabricar al menos medio millón de turismos eléctricos al año para 2030. 

La cifra estimada (menos de una quinta parte de los coches que se producen en España actualmente) responde a un escenario: si se quiere que la cuota de estos vehículos en la UE sea de un 30% a finales de la siguiente década, es necesario acelerar la producción y, en ese camino, que España aproveche el tirón y lidere el proceso alineándose con las demandas sociales y gubernamentales hacia una economía y movilidad libre de emisiones.

El propio secretario de Estado de Energía, José Domínguez, se mostraba consciente este martes de que es un terreno sensible ya que el PIB nacional está ligado a la industria automotriz. “Es necesario encontrar un equilibrio, la solución no puede ser una ayuda para que las cosas se mantengan como están, sino para que se logre una transformación”, apuntaba Dóminguez en una jornada organizada por Esade. Para ello, ha adelantado que se trabaja en la formación de una mesa de movilidad sostenible para que todos los actores valoren los pasos necesarios para esta transformación. 

La comunicación entre la cartera de Industria, de Transición Energética y el sector automotor es fluida, confirman fuentes del sector, por eso ha sorprendido tanto que en este anteproyecto se plantee una medida de la que no se ha hablado en ninguna reunión previa y que supone semejante vuelco al sector.

El impacto de la medida

Aunque la medida tiene todavía que materializarse, desde Anfac anticipan “implicaciones económicas, laborales, sociales y de políticas de movilidad con un impacto severo en el tejido industrial español de la automoción”. Dado que supone “una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas”, se espera que el Gobierno lance medidas de acompañamiento, con inversiones en industria y tecnología, para evitar que las plantas españolas pierdan competitividad y empleo. Sin el apoyo del Gobierno para realizar estas inversiones, la industria automotriz no se ve capaz de absorber el impacto, pero ahora mismo no hay nada sobre la mesa al respecto, apuntan.

Mientra que el propio documento de trabajo del Gobierno se refiere a las prohibiciones de vehículos contaminantes que ya han realizado en Reino Unido y Francia de cara a 2040 y 2050, Anfac subraya que en estos países fueron acompañadas de planes de apoyo a la compra de vehículos alternativos dotados con más de 1.500 millones de libras, en el caso del primero. En España se han destinado poco más de 74 millones en cinco años.

Por otra parte, el sector del automóvil da empleo de forma directa o indirecta a más de 2 millones de familias y supone el 18% de las exportaciones totales de España. Según Anfac, no debe subestimarse el impacto que tiene la adaptación de las cadenas de producción sobre el empleo: para cumplir con una cuota de mercado del 25% de vehículos eléctricos se estima una reducción del 11% del empleo.

Para llegar a un 40% de penetración, se perderá un 18% del empleo. Aunque se generen nuevos empleos en torno a la electrificación y la tecnología de las baterías, se perderá mayor proporción en indirecto, ligado a la fabricación de componentes.

“Sin un plan de medidas de acompañamiento, que realmente apuesten por una transición industrial en las fábricas españolas y que impulsen la venta de estos vehículos de manera masiva, no es viable el cumplimiento de estos objetivos”, afirma Armero. 

Usuario indeciso, caída en las ventas

La prohibición tampoco ha gustado a los miembros de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Bajo su punto de vista, con esta prohibición se genera incertidumbre entre los ciudadanos que no sabrán qué tipo de vehículo comprar por temor a que se quede obsoleto antes de amortizarlo. Y la noticia no podría llegar en un momento más delicado, con las ventas de turismos frenadas por la entrada en vigor el pasado septiembre de la nueva ley de medición de emisiones contaminantes. 

La organización subraya que la incertidumbre es enemiga de las ventas, tanto en automoción como en comercio, y la situación actual está llevando a una dinámica negativa que ya erosiona las ventas y lleva a una “caída estructural” del mercado en España. 

Las matriculaciones de turismos y comerciales han caído más de un 22% en lo que va de mes, después del freno que registraron en septiembre y octubre lastradas por los coletazos del ‘dieselgate’ y la nueva norma de medición.

Coinciden también en esto desde Anfac. “Estos anuncios retraen de manera sustancial la compra de automóviles, como ya está pasando en el caso de los motores diésel”, asegura Armero.