Facua-Consumidores en Acción ha denunciado al fabricante de impresoras Epson por una posible vulneración de la legislación de Consumo, al impedir que sus aparatos puedan utilizar cartuchos de tinta suministrados por terceras empresas o recargables, según ha dado a conocer la Electronic Frontier Foundation.

La asociación ha enviado su escrito a la Agencia Catalana de Consumo, por estar en esta comunidad autónoma su sede social en España, y recuerda que, de confirmarse, este comportamiento es abusivo y por tanto contrario a la legislación de Consumo. "Recientemente se ha conocido que el fabricante japonés esconde la instalación del bloqueo en una supuesta actualización de firmware que hace que el dispositivo rechace todos los cartuchos de tinta que no son de la misma compañía y que, habitualmente, son más baratos que los que vende la propia compañía Epson", explica Facua.

En concreto, la fundación estadounidense Electronic Frontier Foundation ha denunciado que, al menos entre finales de 2016 y principios de 2017, Epson introdujo el bloqueo a través de un firmware que disminuía las funciones de las impresoras pero se anunciaba como una mejora rutinaria para el funcionamiento de los dispositivos. Las actualizaciones que suelen ofrecer estos aparatos sirven para resolver problemas, mejorar la seguridad, o añadir funcionalidades, pero también pueden limitarlas y restringir su uso, como es el caso. En concreto, la actualización detectada cambia la manera en la que las impresoras Epson leen el chip usado en los cartuchos recargables, los que son fabricados por terceros y los sistemas de abastecimiento continuo de tinta. "Después de actualizarse, estos dispositivos sólo reconocen y aceptan cartuchos nuevos de la misma marca", cuenta Facua.

Facua recuerda que este bloqueo obliga al consumidor a adquirir los cartuchos de tinta que vende la propia marca al precio que esta imponga, "generalmente más caros que los que comercializan las empresas de la competencia en detrimento de estas", y por lo tanto, impide que los consumidores puedan adquirir otros más económicos en el mercado, provocándole así un considerable perjuicio.

La asociación apunta en su denuncia que el artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios indica que son abusivas "aquellas prácticas no consentidas expresamente y que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato". Asimismo, el artículo 87.1 de la citada ley también recoge como abusivas "la imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos".