El grupo que preside José Manuel Entrecanales "buscará la compensación a través de todos los mecanismos legales disponibles" en caso de que finalmente no logre acuerdo con el Gobierno catalán, aseveró el director general de área de Asesoría Jurídica, José Julio Figueroa.

El directivo de Acciona indicó que, por el momento, la compañía está ya preparando alegaciones para presentar al informe emitido hace unos días por la comisión de apoyo a la liquidación del contrato constituida por la Generalitat en el que, no sólo rechaza indemnizar a Acciona por daños y perjuicios, sino que reclama a la empresa 38,42 millones.

Para la compañía, esta propuesta del Govern "se basa en argumentos jurídicos y económicos erróneos", aseveró Figueroa durante la presentación de los resultados trimestrales del grupo.

Por su parte, Acciona asegura haber logrado confirmación de una segunda 'big four' del análisis pericial que ya le realizó una de ellas, según el cual, la compañía cifra en 1.074 millones el importe de indemnización que le corresponde por la anulación anticipada del contrato de gestión de ATLL.

Este monto es la suma de los 305 millones estimados por la anulación del contrato y los 769 millones calculados en concepto de daños y perjuicios.

CÁLCULOS DE CATALUÑA.

De su lado, la comisión constituida por el Gobierno catalán para acometer la resolución de este contrato, prevista para comienzos del próximo año, considera que el grupo ha tenido unos ingresos de 912 millones durante el tiempo que lleva gestionando la firma y unos gastos de 874 millones, de lo que resulta la ganancia de 38,4 millones que le reclama.

Esta comisión está compuesta por representantes de las consellerias de Territorio y Sostenibilidad y de Economía y Hacienda, del Gabinete Jurídico de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Acciona controla actualmente un 76,05% de la sociedad concesionaria que en 2012 se adjudicó el contrato de gestión de ATLL, la firma que abastece de agua a 4,5 millones de catalanes y que consolidaba en sus cuentas desde 2016, cuando elevó hasta este porcentaje su participación en la firma.

La resolución del contrato es consecuencia de la sentencia emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo, que ratificó la anulación del contrato de concesión ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en junio de 2015 ante los recursos que interpusieron alguna de las partes implicadas en la contratación de este servicio.