Así lo anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien también transmitió la "postura favorable" del Gobierno a "incluir" a los productores de cemento "dentro de los sectores susceptibles para compensar el coste del CO2".

Con estas medidas, el Ejecutivo pretende evitar nuevos casos como el de la multinacional Cemex, que a medidos del pasado mes de octubre anunció el cierre de dos de las siete plantas de cemento que tiene en España, en las que trabajan un total de 200 trabajadores.

Cemex, que emplea en España a un millar de trabajadores y ya realizó un ajuste en 2012, atribuyó el cierre "a la drástica y continuada caída de la demanda de cemento" en el país, al "incremento de los costes de operación, principalmente de los combustibles y energía eléctrica, al cambio de normativa europea del CO2 y a la pérdida de competitividad en los mercados internacionales".

Además, este cierre se sumó a los previamente anunciados por el fabricante de aerogeneradores Vestas para su planta de León y el fabricante de aluminio Alcoa para dos instalaciones en Asturias y Galicia.

"El Gobierno prevé poner en marcha ayudas para el apoyo de la industria electrointesiva que permitan mejorar la posición competitiva del sector cementero y todo el sector industrial", aseguró Maroto en su intervención en el pleno de control al Gobierno en el Senado.

La ministra detalló que ya se trabaja en la redacción de un "estatuto del consumidor electrointensivo" en el que se "reconozcan sus peculiaridades de conformidad con la normativa comunitaria".

En paralelo, y en cuanto al cierre de las plantas de Cemex se refiere, la titular de Industria aseguró que su Departamento está "trabajando y buscando soluciones" para "mantener la actividad industrial en las zonas" donde están ubicadas las plantas, en Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares).

Así, Maroto recordó que Cemex ha convenido en posponer a final de año el cierre de las plantas y la presentación del ERE de extinción para sus trabajadores, inicialmente previsto para el pasado 7 de noviembre, con el fin de colaborar con el Ministerio y los Gobiernos autonómicos en la "búsqueda de proyectos industriales alternativos" para estas instalaciones.

En su intervención en la Cámara Alta, la ministra defendió que la "política industrial constituye una prioridad" para el actual Gobierno, al contrario, en su opinión, que para el Ejecutivo anterior. "Por ello estamos ahora recogiendo esa cosecha que nos dejaron", criticó la ministra en respuesta al senador popular Eugenio González.