Afectados del Popular alegan ante JUR que con insolvencia no habrían perdido

Así lo defiende un informe que estos inversores, entre los que se encuentran PIMCO y Algebris, entre otros, han enviado a la JUR dentro del proceso para presentar alegaciones a la decisión preliminar de la agencia europea de no compensar a los afectados.

En junio de 2017, la JUR ordenó la resolución del Banco Popular después de que el Banco Central Europeo determinase que era inviable o estaba en vías de serlo, lo que conllevó su venta por un euro al Banco Santander y la amortización a cero de acciones y deuda subordinada.

Los afectados basan su alegación en un análisis elaborado por la consultora Alix Partners, que cuestiona el informe de Deloitte que determinó que los bonistas y accionistas que sufrieron pérdidas no habrían salido mejor parados con una liquidación.

"Los Fondos habrían recibido una recuperación total con respecto a sus valores afectados si el Banco Popular hubiera entrado en un procedimiento de insolvencia normal", afirma el informe remitido a la JUR por los afectados, al que tuvo acceso Efe.

De hecho, en un escenario a siete años, calcula que se habrían generado "suficientes flujos de tesorería" como para crear un superávit de 3.400 millones de euros tras pagar los valores afectados.

Asimismo, alegan que los costes asociados a contingencias legales habrían sido de 1.100 millones de euros, mientras que Deloitte calculó "un rango extremadamente amplio", de entre 1.800 y 3.500 millones.

También critican los plazos contemplados por Deloitte (18 meses, 3 años y 7 años) en sus diferentes escenarios y defienden que habrían sido necesarios un mínimo de 5 años para completar el proceso de insolvencia y que habría llevado más tiempo, "potencialmente 10 años o más", maximizar los retornos para los acreedores.

El último informe de Deloitte, sobre el que la JUR basa su decisión preliminar de no compensar a los afectados, determinó que estos habrían asumido las mismas pérdidas con la liquidación que con la resolución.

Sin embargo, señala que en un escenario de insolvencia al uso las pérdidas se habrían extendido también a los depositantes con más de 100.000 euros, que se habrían dejado hasta 14.000 millones en el peor escenario.

El pasado lunes se cerró el plazo para presentar alegaciones a la decisión de la JUR y esta tendrá ahora en cuenta los comentarios recibidos para adoptar su decisión definitiva, mientras en los tribunales españoles y europeos siguen su curso las demandas presentadas contra la operación.