Según el análisis realizado durante tres meses por peritos extranjeros y nacionales de las firmas Brattle y Accuracy, el daño patrimonial causado por estas dos entidades financieras a los demandantes ascendería a más de 1.000 millones de euros en el transcurso de la operación para ampliar capital por 650 millones de euros.

Según consta en el hecho probado tercero de la sentencia firme de 11 de enero de 2018 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 14 de septiembre de 2015, el mismo día en el que iba a procederse a la firma de la carta compromiso de aseguramiento de la ampliación de capital, Banco Santander impuso "de manera novedosa y sorpresiva" el cese del entonces presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, y su salida del Consejo de Administración para firmar la operación.

Esta condición, que fue desconocida por HSCB el día de la firma, aunque posteriormente lo consintiera, según consta en la sentencia, impidió la firma de la carta de compromiso de aseguramiento, puesto que HSBC debía volver a someter nuevamente a su comité de riesgos la aprobación de la operación con un presidente distinto.

Para Inversión Corporativa, estas actuaciones lanzaron a los operadores financieros, consultores, asesores y al mercado en general, un mensaje en contra de la situación financiera de Abengoa. Dicho mensaje "injustificado" generó una oleada de especulación e incertidumbre y la total pérdida de confianza en la sociedad que acabó impidiendo la operación.

Según afirma Inversión Corporativa, posteriormente, cuando Benjumea fue cesado, la compañía había traspasado el punto de no retorno, sufriendo cancelaciones de líneas de liquidez, impidiendo que la operación se pudiera presentar al mercado y debilitando la liquidez de la sociedad hasta que no pudo atender sus obligaciones financieras y entró en proceso de preconcurso el 25 de noviembre de 2015.

NEGOCIO "SÓLIDO" PREVIO

Como consecuencia de esto, Inversión Corporativa, Finarpisa y Ardachón habrían sufrido una pérdida patrimonial superior a los 1.000 millones de euros, además de dejar de ser el accionista mayoritario de referencia. Además, su 51,35% de representación política en la sociedad se ha diluido hasta el 2,9% actual.

Según refleja un documento remitido por los demandantes, a primeros del mes de agosto de 2015 Abengoa tenía un modelo de negocio "sólido" y que aportaba márgenes de beneficio gracias al cobro de su tecnología propietaria, a la integración vertical en la construcción de centrales eléctricas y a la obtención de contratos de construcción y mantenimiento de plantas de energía renovable.

Los resultados semestrales de junio de este año reflejaban un crecimiento del resultado bruto de explotación (Ebitda) del 9%, alcanzando los 650 millones de euros, un beneficio neto superior en un 5% al registrado un año antes , hasta los 72 millones de euros, y con un crecimiento de las ventas del 3%, que llegaron a los 3.390 millones de euros.

Las demandas han sido interpuestas ante los juzgados de primera instancia de Madrid por los despachos De Carlos Remón y Ureña Abogados, liderados por Álvaro Remón y Pablo Ureña, respectivamente.