Bares, talleres, fontaneros, supermercados o médicos no tendrán que admitir pagos con tarjeta si no lo desean. La transposición de la nueva directiva europea de servicios de pago (PSD2) aprobada hace unos días por el Gobierno ya no recoge las intenciones del anterior Ejecutivo, que pasaban por obligar a los comerciantes a ofrecer la alternativa de pago electrónico a partir de 30 euros. 

El objetivo del departamento entonces dirigido por Luis de Guindos era facilitar los pagos a los consumidores y, al mismo tiempo, reducir el empleo de efectivo en grandes compras en comercios. Para ello, no sólo se contemplaba la obligación de permitir el uso de electrónico, si no que además tenían la obligación de publicitarlo en sus locales. 

La modificación se iba a hacer en el anteproyecto de Ley con el que el anterior Gobierno iba a transponer la PSD2, y que llevaba cerca de 11 meses de retraso. En concreto, se iba a incluir una disposición final para modificar la Ley de defensa de los consumidores y usuarios. Sin embargo, la demora en su aprobación ha obligado al actual Ejecutivo a aprobarlo por un real decreto. 

Por sorpresa

Así lo explican fuentes del sector, quienes añaden que lo que ha hecho el departamento que lidera actualmente Nadia Calviño es implantar al mercado español el texto de la Unión Europea “casi sin modificaciones”. Y, obviamente, sin incluir esa obligatoriedad de aceptar los pagos electrónicos. 

Se trata de una decisión que ha pillado por sorpresa al sector y que no terminan de entender. “Aceptar medios de pago electrónicos fomenta la inclusión electrónica y reduce el fraude”, señalan.

No sólo eso, es que creen que el no obligar a que los comercios acepten pagos electrónicos (bien con tarjeta, bien con cualquier otro dispositivo) hará que perdamos el tren de los nuevos medios de pago. Algo que les preocupa notablemente ya que, hasta ahora, España es uno de los grandes early adopters en esta materia. 

El Congreso, una esperanza

¿Es una cuestión política? En absoluto. Las fuentes consultadas creen que se trata más de una cuestión de urgencia que de posicionamiento político. La PSD2 tendría que haber estado incorporada a la legislación española en enero, y llevaba un retraso de once meses en su puesta en marcha. 

El decreto ley de medios de pago se aprobaba el pasado 23 de noviembre, por lo que antes de navidades tendrá que ir al Congreso de los Diputados. Allí no parece que vaya a tener grandes dificultades para salir adelante. No sería descartable que algún partido pudiera solicitar su tramitación como proyecto de ley para incorporar este punto en un proceso de enmiendas posterior. 

Así es la PSD2 

La nueva normativa de servicios de pago tiene como objetivo armonizar las condiciones de pago en toda la Unión Europea. Incorpora, entre otras cosas, derechos para los usuarios. Por ejemplo, el que no se puedan aplicar recargos por el uso de pagos electrónicos; y limita a 50 euros la responsabilidad de los usuarios que sean víctimas de operaciones fraudulentas. 

También incorpora medidas para reforzar la seguridad de los clientes a la hora de efectuar operaciones. Así, por ejemplo, obliga a realizar una “autenticación reforzada del cliente”. Es decir, a emplear -al menos- dos comprobaciones de seguridad en el momento de, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria. 

Por último, la nueva normativa que se ha transpuesto conlleva también la obligación a la banca de ofrecer acceso a terceros a los datos de sus clientes. Es decir, facilita la operativa y puesta en marcha del negocio de las fintech, al darles acceso a una información que hasta ahora tenían vetada por las entidades financieras.