España avanza hacia los objetivos de desarrollo sostenible marcados para 2030
La sociedad ha tomado conciencia de la necesidad de avanzar en cuestiones de sostenibilidad.
14 diciembre, 2018 14:23Noticias relacionadas
Haciéndose eco del interés creciente sobre Responsabilidad Social (RS) por parte de las empresas privadas, la administración y la sociedad, el diario digital El Español ha convocado su primer foro sobre este tema. El evento, que pretendía ofrecer un mapa completo de la situación de RS en el país, en lo que se refiere a medioambiente, sociedad y gobernanza, ha sido organzado junto a Suez España y ha contado con la colaboración de Forética, Spainsif, Auditores Internos, Corresponsables y DIRSE.
Germán Granda, director general de Forética, ha sido el encargado de moderar las dos mesas redondas, en las que han participado ponentes tanto de entidades públicas, como de empresas privadas. Durante su presentación, Granda ha recalcado la necesidad de organizar foros que ayuden a difundir la RS, agradeciendo a El Español su iniciativa y recordando que se trata de un medio en plena expansión, que cuenta en la actualidad con 36 millones de usuarios y que ha crecido en el último año a un ritmo de un 59%.
Forética representa a empresas y organizaciones líderes en el ámbito de RS y sostenibilidad y su objetivo es traer las tendencias internacionales e incorporar, no sólo herramientas que ayuden a crear más impacto social y ambiental, sino también colaborar en diferentes grupos de trabajo e iniciativas para generar un contexto de promoción en la gestión ética y responsable en España.
Tal y como ha explicado Granda: “En el último informe sobre la situación de RS y sostenibilidad en España se constata que hemos pasado de la fase del optimismo, típica de los primeros años, a una fase de convicción, donde la creación de valor en los procesos, productos y servicios forman parte de la gestión del día a día de muchas empresas”.
El director general de Forética también ha destacado la implicación por parte de muchas empresas en la agenda de desarrollo sostenible 2030 y en el propósito mundial de cero emisiones en el 2050, así como el alineamiento de las políticas públicas en una serie de aspectos fundamentales en materia de RS.
La gestión del agua, esencial
Dulcinea Mejide, directora de desarrollo sostenible de Suez España, empresa que recientemente ha obtenido el European Business Awards for the Environment (EBAE), otorgado por la Comisión Europea, en la categoría de empresa y biodiversidad, ha hecho hincapié durante el acto en la necesidad de adoptar modelos circulares de producción.
Suez trabaja en el ámbito del medioambiente, los residuos y el agua. Su actividad se sustenta sobre cuatro ejes: la digitalización de la información, para una mejor gestión del recurso hídrico; la innovación tecnológica, enfocada a favorecer la economía circular; el desarrollo sostenible y el compromiso social con la comunidad.
El desarrollo sostenible propuesto por Suez gira en torno a dos compromisos, el primero de ellos es conseguir que las ciudades sean más resilientes al cambio climático (recordar que España es uno de los países con mayor estrés hídrico dentro de Europa), y la preservación de este recurso, “Reutilizar el agua que ya no es apta para el ciclo humano en otros ciclos productivos, antes de devolverla al medio natural es algo clave para la sostenibilidad”, afirma Mejide. Todo ello enmarcado, claro está, dentro de un compromiso social que tiene como objetivos prioritarios la protección de los colectivos vulnerables, que no tienen acceso al agua y aumentar la sensibilización medioambiental en la infancia.
En su intervención, Mª Luisa Chacón, directora de Comunicación de la compañía de gran consumo presente en 180 países, Procter&Gamble España, recalcó la importancia de ayudar a los consumidores a participar en esa sostenibilidad.
“Los consumidores de hoy no sólo buscan el mejor producto para satisfacer sus necesidades, también quieren que las compañías les ayuden a resolver los grandes retos que se están planteando en medio ambiente o en temas sociales relacionados con la diversidad y la inclusión”, declaró Chacón.
Para conseguirlo, asegura, es necesario trabajar internamente en la empresa establecer también alianzas entidades externas a la misma, como Forética, que ayuden a hacer una economía circular y a acelerar este impacto positivo en la sociedad.
Apuesta por el debate
Francisco Javier Garayoa Arruti, director de Spainsif, abordó en el foro los temas relacionados con la inversión dentro del ámbito de la RS. Tal y como explicó, la inversión sostenible es aquella que suma al análisis financiero convencional, la parte ambiental, social y de gobernanza, dando como resultado una inversión sostenible con menos riesgos para el inversor.
De acuerdo con el último estudio sobre el tema, en el 2017 se realizó una inversión sostenible de 185.611 millones de activos. “Si bien la mayoría de estos activos (un 98%) son inversores institucionales (planes de pensiones de empleo, grandes fundaciones, recursos propios de bancos, compañías aseguradoras, etc.), la parte retail, del ahorrador, está aumentando”, añade Garayoa.
Los ponentes de la segunda mesa redonda revisaron la aplicación del Código de Buen Gobierno establecido por la CNMV en el 2015, su impacto sobre transparencia de información financiera y la perspectiva de instituciones como el Ministerio, la Comunidad de Madrid así como en la administración y las empresas públicas.
Igualdad de oportunidades
María Antonia Pérez León, directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social del las Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, encargada de informar sobre la labor del gobierno en materia de RS, alabó la iniciativa de El Español de unir a las empresas la ciudadanía y las instituciones en un foro, ya que, según dijo “Generar espacios de debate es la mejor forma de reflexionar, sacar conclusiones y generar alianzas”.
En cuanto a las acciones del gobierno de España en materia de RSE, Pérez León adelantó que el último Informe de la Red Española de Pacto Mundial es alentador, pues afirma que ya se han implantado actividades relacionadas con los 17 objetivos marcados en materia de desarrollo sostenible, y que se han realizado un 30% de las 168 medidas establecidas para el 2030.
En su intervención recordó también que en la administración general se están implantando medidas relacionadas con la conciliación y la igualdad de oportunidades y con la eliminación de la brecha salarial, destinadas a hacer que las organizaciones públicas no sólo sean más sostenibles, sino también más saludables con sus trabajadores.
Involucrar a la administración
Pablo García-Valdecasas Rodríguez de Rivera, director de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Comunidad de Madrid, incidió en su discurso en la gran responsabilidad de la administración pública en materia de RSE, ya que se trata de la “empresa” más grande de España o una de las más grandes.
“Cualquier organización que tenga un impacto en la sociedad tiene responsabilidad social. Las cosas están cambiando, el propio concepto de RS también está evolucionando, ya no es RSE, es RS o RSO (de las organizaciones). La administración pública compra, consume, invierte, contrata. Es fundamental que tengamos integrada la RS en nuestra estructura interna. No podemos colgarnos medallas por publicar leyes o normas legislativas, que establecen ciertas obligaciones a las empresas o a las organizaciones y no aplicarlas en las administraciones públicas. Debemos ser un ejemplo”.
Javier Amorós Dorda, subdirector General y Presidente en Funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público independiente que se creó a raíz de la Ley de Transparencia en el 2013, para garantizar el cumplimiento de la ley en esta materia. De acuerdo con su opinión, esta política pública, impuesta por la demanda de la ciudadanía, motivada a su vez por la desafección política de los ciudadanos respecto a sus gobernantes, ha tenido un impacto muy positivo; convirtiendo lo que antes eran principios y códigos, en obligaciones que ahora pueden ser exigibles en los tribunales.
El papel de la transparencia
“La política de transparencia se aplica a todo el sector público y también a las entidades privadas que reciben subvenciones, obligándoles a publicar en su web determinados datos relacionados con contratación pública, su organigrama etc.”, añade Amorós Dorda.
Aún queda mucho por hacer en lo que respecta a difundir la política de transparencia en la sociedad, ya que aproximadamente el 50% no la conoce y no sabe que tiene derechos a acceder a cierta información pública, lo cual puede repercutir positivamente en su ejercicio profesional.
Gabriela González-Valdés Contreras, subdirectora general del Instituto de Auditores Internos (IAI), una entidad que existe desde el año 83 y que cuenta con 3.600 auditores internos en las principales empresas e instituciones del país, enfocó su discurso a las formas de gobierno. El papel del auditor interno es impulsar los derechos y deberes de los consejos de administración y, por tanto, participar también en la rendición de cuentas.
“El Código de Buen Gobierno incorpora la RSC en las compañías. Antes las empresas o instituciones lo tenían por convencimiento y, ahora lo hacen por requerimiento legal y, también, porque atrae al capital. El capital ha impulsado una mejor gestión de las compañías favoreciendo un mayor control que garantiza que la empresa está mejor gestionada a nivel ambiental y social”, explica González-Valdés.
La referencia del Ibex
La última en intervenir en el foro fue Cristina Sánchez, subdirectora de la Red Española del Pacto Mundial, el brazo de Naciones Unidas que tiene como misión acercar los desafíos de desarrollo mundial al sector privado. Según afirmó “Aunque aún queda mucho por mejorar, en los últimos años hemos visto una evolución muy positiva.
Si tomamos como referencia las empresas del IBEX 35, observamos que el 80% de ellas han publicado en el 2018 un compromiso público con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aunque solamente el 17% han implantado unos objetivos cuantificables. Cabe destacar también que 19 tienen una política de derechos humanos y que 12 tienen un programa de cambio climático”.
Sánchez reseñó también que aumenta el “reporting” de sostenibilidad de las empresas, aunque aún falta calidad en la información. En materia de igualdad las cosas también evolucionan: “Pero estamos lejos de alcanzar el reto de tener un 30% e mujeres en consejos de administración para el 2020 (actualmente hay un 19,15%)”, concluyó.