El 2019 promete ser otro año caliente en la llamada 'guerra del taxi'. A la espera de que el sector VTC conozca si Fomento atiende o no sus reclamaciones contra el ‘drecretazo’ Ábalos para expulsarlos de las ciudades, los taxistas pasan ahora a la carga en los juzgados. 

En las salas de lo mercantil, exactamente, es donde se librará la próxima batalla entre Taxi y VTC una vez que la Plataforma Integral del Taxi (PIT) presente la demanda que el abogado Elpidio José Silva está ultimando. Un texto en el que se acusa de “competencia desleal” al sector de alquiler de vehículos con conductor y, por tanto, se solicita una “compensación por daños y perjuicios” de 1.400 millones de euros, derivados de la actividad de las VTC entre 2014 y 2022. 

Una situación que afectaría, sobre todo, a las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Getxo, Castellón, Barakaldo, Durango, Alicante, Santander, Ibiza, Palma de Mallorca, Guadalajara, A Coruña, Portugalete, Burgos y Toledo. 

Se hace un uso fraudulento de la VTC

Según ha podido constatar EL ESPAÑOL en el texto, la demanda va contra Uber y Cabify pero también contra las grandes compañías de VTC. ¿El motivo? Que las primeras actúan como intermediarias entre las empresas de alquiler de vehículos con conductor y el usuario. Esto es lo que hace que se “genere una compleja red de contratas y subcontratas que encubren la realidad de falsos autónomos al servicio de un sector sumamente opaco, tanto a nivel tributario, como a nivel de los conductores”. 

Elpidio José Silva relata en la demanda que, a su juicio, todos los implicados hacen una competencia desleal al sector del taxi. Según su argumentación la licencia VTC otorgada por Fomento no faculta para operar en trayectos urbanos (con origen y destino en la misma ciudad), tan sólo les permite hacerlo en viajes intracomunitarios (entre Comunidades Autónomas). Es decir, que estarían haciendo un “uso fraudulento” del permiso concedido por el Ministerio con lo que obtienen “una ventaja competitiva tan exhorbitante como ilícita frente a un sector intensamente regulado como es el del Taxi. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Gracias a la Ley Ómnibus de Zapatero que permitió la liberalización del sector de alquiler con conductor. Un “confuso marco normativo del que los demandados se han aprovechado”, pero que “en absoluto afecta a las competencias de Comunidades y Corporaciones Locales para regular y supervisar los trayectos VTC que discurran exclusivamente por su territorio”. 

Y es que, según relata en la demanda, las empresas de VTC con ayuda de Uber y Cabify han tratado de distorsionar la legislación para hacer aparentar que pueden trabajar en las calles de las ciudades cuando, en realidad, no pueden hacerlo. 

Es decir, para el sector del Taxi las VTC deberían contar con una licencia nacional, otra autonómica y otra urbana para poder operar. Tanto es así que insiste en que “donde no se contemple la licencia local o autonómica correspondiente, sencillamente no podrá ejercerse la actividad”. 

Para justificar el argumento se remite a la directiva Bolkestein del Parlamento Europeo, en la que se recuerda que cada administración tiene sus competencias (aunque haya un proceso de liberalización de un sector). También asegura que “tanto el transporte urbano como el Taxi se hallan excluidos de la liberalización y, por tanto, de que puedan ser afectados por la competencia desleal que despliegan” las VTC. 

La demanda mira también a las administraciones como responsables de la situación actual. “Los Ayuntamientos permitieron que las VTC actuase como taxis en el seno de las ciudades sin contar con licencia necesaria. Se obró como si esta circunstancia fuera efecto de la liberalización”, cuando en realidad es obra de la “injustificada pasividad y permisividad de los poderes públicos”.

Existía mala fe en los operadores de VTC

Una situación que, según el texto de la demanda, trata de solventar el decreto aprobado por el ministerio de Fomento. En él, asegura, se intenta despejar el marco competencial de las administraciones y aclarar el tipo de autorizaciones que deben tener las VTC para poder operar más allá de la actividad intracomunitaria. 

Dentro de la denuncia se critica también la laxitud a la hora de imponer normas al sector VTC frente al Taxi. Necesidad de vehículos específicos, limitación de jornadas, días libres, etc. Algo que provoca una situación de “ventaja competitiva” frente al Taxi. 

En definitiva, que las licencias se obtuvieron “con mala fe para instrumentarlas fraudulentamente” operándolas como si fueran taxistas. Pero es que, además, insiste en que se ha hecho “de forma desleal mediante falsos autónomos y, muy probablemente, bajo una ingeniería fiscal que oculta el domicilio en paraísos fiscales por parte de las sociedades demandadas”. 

Todo esto es lo que lleva a la Plataforma Integral del Taxi a solicitar esos 1.400 millones de euros. Se derivan en un daño emergente de 960 millones de euros del período 2014-2018, fruto de los costes fijos de la operativa del Taxi si éste hubiera efectuado el tráfico absorbido por las VTC. Es decir, 13.699 euros por taxista. 

A la espera del Congreso

A esta cantidad le suma también el lucro cesante, que son los ingresos que el Taxi no podrá registrar entre 2019 y 2022 cuando -por efecto del decreto- debería limitarse la actividad de las VTC en las ciudades. Una cantidad estimada en 455 millones de euros, lo que supone un mínimo de 6.513 euros por taxista y año. 

Por último, solicita también que se decrete el cese de la actividad en todas las ciudades donde operan las VTC; así como que se “anulen las licencias estatales ya concedidas o que, habiéndose solicitado se concedan en el futuro. Si esto no fuera posible, la PIT solicita que se “delimite específicamente las licencias sólo habilitan para trayectos entre comunidades autónomas. 

Un nuevo capítulo que comenzará en las próximas semanas, mientras tanto, el Taxi como las VTC esperan a que el Congreso vote las enmiendas al decreto aprobado por el Ministerio de Fomento en noviembre del año pasado.