No son pocos los frentes que el Gobierno tiene abiertos en este mes de enero. Al Ministerio para la Transición Ecológica lo que más le urge ahora es enviar a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un plan que ya tendría que haber enviado antes del 31 de diciembre, y que sentará las bases sobre la estrategia de descarbonización de España. Entre los más interesados en conocerlo, el sector eléctrico, que, entre otras cosas, discute por el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Y es que en ese documento quedará reflejada, también, la estrategia del Ejecutivo en lo que a energía nuclear se refiere. Por eso, fuentes del Ministerio restan importancia a la reunión que la semana pasada mantuvieron Iberdrola y Naturgy con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que las dos compañías pusieron su plan para la central sobre la mesa; una propuesta que pasa porque no sea necesario pedir la ampliación del permiso durante 10 años más, como marca el reglamento de instalaciones nucleares, sino que no sea necesario poner plazo alguno. Así, según comparten las dos eléctricas, la planta de Almaraz se cerraría al final de su vida útil, en 2023.

Una reunión en la que no estuvo presente Endesa, propietaria del 36% de la central, frente al 56% de Iberdrola y el 11% de Naturgy. Y es que la eléctrica que dirige José Bogas se inclina por pedir la autorización por 10 años más, prologando su vida útil, algo en lo que sus compañeros administradores no están de acuerdo. La decisión, no obstante, se tiene que tomar antes del 31 de marzo.

Domínguez se levantó de aquel encuentro con la promesa de que "se iba a estudiar" la propuesta, pero desde el Ministerio señalan que estos y otros flecos quedarán atados en el prometido plan que se envíe a Bruselas. "Está al caer", explican desde la cartera que preside Teresa Ribera, mientras que otras fuentes apuntan a finales de la la semana que viene o principios de la siguiente para conocer el contenido del borrador.

Reunión a tres partes

A todo esto se suma que Iberdrola, Endesa y Naturgy se sentarán también este mes para debatir entre las tres el futuro de la central de Almaraz, al margen de las líneas que vaya marcando el Gobierno, después de que la eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez-Galán y la que gestiona Francisco Reynés solicitaran una asamblea de propietarios extraordinaria donde única y exclusivamente se tratará este punto.

Aunque todavía no hay fecha ni la asamblea está convocada de forma oficial, sobre la mesa se ha puesto el día 29 de enero, donde ya está convocada una junta ordinaria, para, si fuera necesario, aprovechar ese mismo día. 

De fondo, además, sigue pendiente la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con un presidente -Fernando Martí- cuyo mandato ya ha caducado, y dos vocales a poco más de un mes de cumplir el suyo. Cabe recordar que el CSN es es el encargado de decidir en última instancia, al lado del Gobierno y de las diferentes compañías, qué ocurre con cada una de las centrales nucleares en España. 

Con una negociación que se está sucediendo en los pasillos del Congreso para poner nombres sobre la mesa, el CSN será determinante en el caso de Almaraz, primero, y en los que se irán sucediendo entre 2023 y 2028.