La inestabilidad política, la presentación de los Presupuestos Generales y la cada vez más cercana probabilidad de que este año tengamos que recurrir a nuevas elecciones parlamentarias mantienen en el aire la licitación oficial del megacontrato de servicios de telecomunicaciones para el que el Estado está recibiendo propuestas hasta el 24 de enero de este año.
Las fuentes de la industria y operadoras consultadas por este periódico han confirmado que, de momento, están ultimando sus propuestas para ser presentadas en enero, pero, lo que se les ha transmitido es que tendrán que seguir esperando algunos meses a que se aclare el actual panorama político. El objetivo de Moncloa es adjudicar el contrato este año, pero cuando pase la tormenta y se asegure la legislatura al menos hasta 2020.
Como ya informó EL ESPAÑOL, el anuncio previo del concurso se produjo en enero del año pasado, por lo que la convocatoria debería comenzar a resolverse a partir de enero. Estamos hablando probablemente del mayor contrato de servicios de telecomunicaciones nunca visto en España con un valor estimado de 450,9 millones de euros, incluyendo IVA.
Digitalización de la administración pública
El Contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado Fase II, conocido como Cora II, agrupa los servicios de telecomunicaciones -fijas, móviles, Internet y red internacional- de más de un centenar de organismos públicos adscritos a todos los ministerios. El nuevo contrato, que tendrá una validez de cuatro años y estará operativo desde 2020, será la continuación del Cora I, que fue adjudicado en el año 2015.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora) fue creada para optimizar y unificar los contratos del Estado y lograr mejores precios y condiciones con los proveedores, hasta ahora acostumbrados a firmar un acuerdo separado con cada uno de los departamentos de la Administración.
Las fuentes de la industria consultadas indican, además, que este contrato tendrá aún más complejidad que su antecesor ya que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprovechar esta oportunidad, en la que que toda la administración central del Estado estará bajo un único contrato de telecos, para impulsar la digitalización definitiva del Estado. “El proyecto es muy ambicioso”, dicen las fuentes que han podido charlar con miembros del Ejecutivo sobre las condiciones del proyecto.
450 millones de euros en total
Estamos hablando de un contrato que unifica los servicios de telecomunicaciones de organismos tan diversos como confederaciones hidrográficas, todos los ministerios, agencias estatales, Tesorería General, Consejo de Seguridad Nuclear, Oficina Española de Patentes y Marcas, Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil, Agencia Estatal de Meteorología, Instituto de la Juventud, el ICEX, la CNMC y así hasta más de un centenar de dependencias públicas.
El valor estimado del contrato es de 450,9 millones de euros, incluyendo IVA, 325 millones sin este impuesto y 393 millones de presupuesto base de licitación. En el caso de las telecomunicaciones fijas, el importe es de 198 millones sin impuestos, el de comunicaciones móviles llega hasta los 42 millones sin IVA, el de internet a 23,6 millones y el de red internacional se eleva hasta los 61,4 millones. Todas las licitaciones aseguran un contrato de prestación de estos servicios por cuatro años.
Respecto a estos contratos, al menos las tres grandes operadoras -Telefónica, Orange y Vodafone- participarán en este proceso. El primer contrato unificado (Fase I) se cerró con un coste total de 136,2 millones de euros por los cuatro lotes, la Red Corporativa Nacional Multiservicio y servicio de telefonía fija fue el mayor contrato con 93,1 millones fue adjudicada a Telefónica, al igual que el contrato de móviles que se obtuvo por 8,9 millones.
El tercer lote adjudicado en 2015 también fue para Telefónica. En este caso, el de servicios de internet que se entregó por un valor de 4,7 millones de euros. Finalmente, las comunicaciones de red internacional se adjudicaron a BT por 29,5 millones.