La Comisión Europea y el ministerio de Fomento buscan soluciones contra reloj para evitar que Iberia pierda su licencia para volar dentro de la Unión Europea tras el 29 de marzo si finalmente se produce un brexit caótico, una hipótesis que ha cobrado fuerza tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo de divorcio que había cerrado Theresa May con la UE y la ausencia de alternativas claras. La aerolínea dispone de plazo hasta la primera semana de febrero para presentar un plan que garantice que seguirá siendo europea tras el brexit. 

Según las normas comunitarias, la propiedad y el control de una compañía aérea de la UE debe estar mayoritariamente en manos de europeos. Tras el brexit, los accionistas británicos dejan de contar como europeos y Bruselas tiene dudas de que Iberia y su matriz IAG puedan continuar cumpliendo este requisito. "El problema es que debemos estar seguros de que el control y la propiedad sea en más del 50% europeo", explican fuentes comunitarias.

Cuando apenas quedan 10 semanas para que venza la cuenta atrás del brexit, la secretaria general de Transporte, María José Rallo, se ha reunido este jueves en Bruselas con el director general de Transportes de la Comisión Europea, el estonio Henrik Holelei, para abordar, entre otras cuestiones, la situación de Iberia. El objetivo del Gobierno es "mantener una vía de comunicación directa que permita a España encontrarse en las mejores condiciones posibles para afrontar el brexit", según explican fuentes del ministerio de Fomento. En el encuentro no estaba previsto adoptar decisiones.

La comisaria de Transportes, la eslovena Violeta Bulc, escribió la semana pasada una carta a todos los Estados miembros solicitando información urgente sobre cómo piensan garantizar que sus aerolíneas cumplan los requisitos en materia de propiedad y control tras el brexit. Les da 20 días de plazo para contestar, es decir, hasta la primera semana de febrero.

"Esto no supone ninguna fecha límite para determinar las condiciones de propiedad y control de ninguna compañía aérea concreta", sostienen en el ministerio de Fomento. Lo cierto es que los casos que Bruselas ve como más problemáticos son los de Iberia y Aer Lingus, también del grupo IAG.

De acuerdo con las reglas de la UE, corresponde a las autoridades nacionales verificar que las aerolíneas a las que han concedido licencia respetan los requisitos de propiedad y control. En el caso de España, es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la que debe avalar a Iberia. No obstante, la Comisión Europea tiene previsto revisar todas las licencias una vez reciba la información sobre el brexit en febrero. "Obviamente, lo que queremos es tener una situación clara antes de marzo", apuntan las fuentes consultadas.

Si detecta que no se cumplen las condiciones, Bruselas tiene poder para en última instancia suspender o revocar cualquier licencia. Eso significa que la compañía en cuestión ya no podría operar rutas intracomunitarias. Por ejemplo, Iberia ya no tendría permiso para hacer el puente aéreo Madrid-Barcelona ni ninguna otra conexión dentro de España. Únicamente podría realizar las rutas entre España y Reino Unido si obtiene licencia británica.

El Gobierno apoya a Iberia en Bruselas

"Tenemos la convicción de que cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control, tanto en Reino Unido como en la Unión Europea, después del brexit", aseguran a EL ESPAÑOL desde IAG, sin dar ningún detalle sobre el cómo. IAG -grupo resultante de la fusión entre Iberia y British Airways- está registrada en España pero tiene su sede en Reino Unido y cuenta con accionistas de todo el mundo.

Hasta ahora, IAG se ha servido de su complejo sistema de propiedad para tratar de justificar que cumple los requisitos de la UE. El grupo posee los derechos económicos de Iberia Holdings, pero controla solamente el 49,9% de los derechos de voto. Garanair, que es propiedad de El Corte Inglés, tiene el 50,1% restante de las acciones con derecho a voto. Es decir, el control mayoritario de la compañía se mantendría en manos españolas tras el brexit. Sin embargo, esta línea argumental no convence de momento a la Comisión Europea, según ha informado el Financial Times. 

El Gobierno español se ha puesto claramente de parte de Iberia y está intercediendo a su favor ante el Ejecutivo comunitario. "Estamos convencidos de que Iberia es una compañía española y también estamos convencidos de que, en caso necesario, acometerá los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa europea", dijo la semana pasada el ministerio de Fomento. ¿Qué ajustes? Tampoco lo explican. 

Pese a su aparente posición inflexible, la Comisión Europea también es consciente de que no puede dejar los aviones de Iberia en tierra tras el brexit. "Sabemos que es un problema al que hay que encontrar una solución", explican las fuentes consultadas. Al final del camino Bruselas aceptará algún tipo de apaño. "Si no hay acuerdo (de brexit), no hace falta que diga de qué parte se pondrá la UE", dijo Bulc en una entrevista al FT en octubre. "Es España a quien tendremos en mente", aseguró.