Teniendo en cuenta que durante los últimos días he estado en cama, enfermo y con fiebre, por un momento he creído delirar al leer en Twitter que la portavoz de Izquierda Unida en Madrid, Sol Sánchez, pedía la nacionalización de una serie de compañías, y que una de ellas era Vodafone.

No soy muy amigo de las nacionalizaciones, pero tampoco es tan sorprendente que se escuchen este tipo de propuestas descabelladas desde el entorno de Podemos o IU. En el caso de Alcoa, que cerrará las plantas de A Coruña y Avilés por no considerarlas competitivas después de haber recibido cientos de millones en ayudas, era previsible una reacción de este tipo. También habla de quitarle a sus legítimos dueños, sus accionistas, “todas las eléctricas” o “la banca”. Así, como quien no quiere la cosa.

Hay que tener en cuenta que Izquierda Unida en Madrid ya está en fase de derribo, hablando en sus redes sociales de la necesidad de nacionalizar el portal inmobiliario Idealista o, ya en tono de broma, Desatranques Jaén. Está claro que ciertas izquierdas creen en que nacionalizar empresas soluciona cosas mágicamente, y que el comentario estaba relacionado con las recientes noticias sobre el ERE anunciado por la compañía británica. Y aunque IU no sea el partido más candente ni tenga ya demasiada importancia, sí considero necesario explicar por qué esta propuesta es una aberración y, además, una injusticia.

Joaquín Guerrero, un directivo de la consultora Nae, me hizo recordar los argumentos de otro defensor de la nacionalización de las telecomunicaciones, el escritor británico Owen Jones. En un artículo de 2014, Jones argumentaba que en un mercado como el de las ‘telecos’ que, a su juicio, es un “monopolio natural”, las operadoras no sienten presión competitiva para aumentar su inversión en zonas rurales cuando no existe población suficiente como para justificar económicamente el despliegue.

Contenía algunas reflexiones que puedo compartir, aunque no entiendo qué tienen que ver con el debate sobre la nacionalización. Como que las propuestas en las que se regalan teléfonos tienden a ser ineficientes para el consumidor. “Un timo”, para Jones.

También me llamaron entonces la atención sus comentarios sobre el origen público de la tecnología de base de la telefonía móvil, basados en la obra de Mariana Mazzucato.

Para quien no la conozca, se trata de una economista y autora de El Estado Emprendedor, una obra en la que directamente pide que le sujeten el cubata: afirma que los Estados son “la organización más emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo”.

Jones, citando a Mazzucato, viene a decir que como mucha de la tecnología móvil que usamos tiene su origen en la industria de Defensa de países como EEUU o de la Unión Europea, pagada por los contribuyentes, pues entonces los estados son más innovadores que las empresas. 

El escritor no dudaba en reconocer, con su buen verbo habitual, que hablar de nacionalización “puede sonar descabellado, el tipo de propuesta que se presta a la sátira constante de la triunfalista derecha liberal, pero la próxima vez que le grites a tu móvil sin cobertura, puede tener algo más de sentido”. E

No quiero convertir este artículo en una refutación de El Estado Emprendedor, así que resumo mi opinión sobre el libro en cuatro líneas: si bien es cierto que el gasto público en Defensa y en algunas partidas de investigación científica han demostrado su importancia real en el desarrollo tecnológico, el Estado ha sido y es, en su formulación actual, incapaz del grado de sofisticación y eficacia que sí pueden alcanzar las empresas por muchas y variadas causas.

España es diferente (a veces para bien) 

El artículo de Owen me sirve especialmente porque, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido, en España la competencia ha generado el máximo nivel de desarrollo de infraestructuras que puedo imaginar y nos ha preparado para afrontar los próximos años desde una sorprendente posición de superioridad tecnológica.

Esto se ha debido a varios factores, pero sin duda uno de ellos tiene que ver con que el estado natural de este mercado no es el monopolio, sino el oligopolio. Nuestro mercado ha tenido éxito porque en él han convivido tres compañías internacionales gigantescas con capacidad e interés por invertir y competir que no sólo han creado, sino también mantenido, una situación de “oligopolio competitivo”, en palabras del antiguo CEO de Vodafone, Vittorio Colao. Pero, además, por el empeño del regulador del sector, la CNMC, de fomentar la entrada sistemática de un cuarto operador para evitar que las compañías en discordia se sientan nunca demasiado cómodas. 

Vodafone tiene una característica curiosa que siempre repetía el antiguo presidente para España, Francisco Román: es una empresa que nunca ha sido monopolio de ningún país y que siempre ha competido contra los monopolios. Su entrada en España fue crucial para el despliegue de la telefonía móvil 2G, para hacer guantes con Telefónica y con Amena -después Orange- y para conseguir algo que hace veinte años parecía imposible, que todos los españoles tuviésemos en casa uno o varios móviles, convirtiendo la línea fija en una pieza de museo. 

Vodafone también fue quien empezó a poner en valor los ‘pinchos’ de datos para 3G en nuestro país cuando el iPhone todavía no había llegado para revolucionar la telefonía móvil, y convirtió la calidad de la cobertura en la base de su éxito durante muchos años. Si Movistar no hubiese tenido a Vodafone como competidor, o si España hubiese tenido una única operadora pública operando en régimen de monopolio, hoy las cosas serían muy distintas. Y peores.

No voy a ponerme distópico, pero que en un país en el que tenemos la gestión de las antiguas Cajas de Ahorro como ejemplo de lo que pueden hacer las empresas públicas y de lo “beneficioso” que es tener al Estado a los mandos, creo que las cosas estarían bastante peor para nosotros si se hubieran llevado a cabo las propuestas relacionadas con nacionalizar el sector.

Owen Jones tiene razón en criticar, hasta cierto punto, las telecomunicaciones británicas, pero no coincido con los motivos. Si las cosas han salido peor allí fue, precisamente, porque en Reino Unido el Estado se entrometió mucho más que en España y forzó la separación de la red de fijo de British Telecom, creando una entidad independiente denominada Openreach. 

En España, Telefónica mantuvo su propia red, se le obligó a compartirla y esto generó una tensión que, en el mundo de la fibra óptica, se saldó con un despliegue inimaginable hace una década por parte de muchísimas empresas que puso a nuestro país en cabeza de las telecomunicaciones europeas. Algunas de esas empresas, como Adamo o los cableros locales, a menudo ignorados, han llevado fibra a zonas desatendidas y contribuido a tapar agujeros sin que el Estado haya tenido que intervenir. Otras, como Eurona, prestan servicio donde fallan todos los demás mediante tecnología por satélite.

El verdad que, a medida que pasa el tiempo, surge la necesidad de consolidar infraestructuras, pero en España se va a hacer por necesidades de negocio y atendiendo a las necesidades de un montón de empresas en brutal competencia que ofrecen servicios de primer nivel y con características de cobertura y servicio en todo el territorio nacional muy superiores a las inglesas -con una orografía mucho más complicada y en un territorio mucho más amplio-.

Puede ser también que hoy nos parezca que la subvención de terminales es un mal modelo para el consumidor. A mí me lo parece y siempre recomiendo comprar terminales libres, preferiblemente a plazos sin intereses, e ir a la mejor tarifa posible. Pero admitamos que, cuando surgió la telefonía móvil, el modelo de subvención alentó que los españoles accediesen a la mejor tecnología disponible, lo que ha terminado convirtiendo a nuestros consumidores en verdaderos entusiastas y adoptadores tempranos, dispuestos a aceptar los cambios antes que en muchos otros países. 

También me parece injusto despreciar el rol de las empresas privadas en los avances tecnológicos. Y ahí no hablo sólo de Vodafone, sino de proveedores como Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm, Apple, Samsung y muchos otros que también compiten entre ellos -otra ventaja de la competencia en redes y entre operadores- y que han convertido dicha rivalidad en una fuente de avances y patentes inagotable. 

Un ingeniero de Vodafone, Eduardo Uribe, hacía estos días un hilo de Twitter al que no le faltaba nada de razón. Hoy la británica va a lanzar un ERE, pero durante años las administraciones públicas no han hecho más que buscar nuevas formas de poner nuevos impuestos al sector, que básicamente financia RTVE, abona tasas millonarias por el uso de dominio público, paga por las subastas de espectro y está sujeto a todo tipo de impuestos locales o regionales.

5G y seguridad

El debate sobre las redes nacionales está volviendo a aparecer últimamente en el debate público. Se debe, básicamente, a dos cosas. Por un lado, a la conciencia clara de que un futuro país 5G no podrá tener agujeros de cobertura si vamos a un entorno de Internet de Todas las Cosas en el que pasen cosas como que los coches autónomos hablan con los semáforos en tiempo real. Eso nos lleva, con casi total seguridad, a un escenario de inversiones concertadas y, en algunos casos, quizá apoyadas por el Gobierno. Pero se puede hacer también a través de operadores neutros de infraestructura existentes como Telxius o Cellnex. Será uno de los retos, sin duda, del sector para los próximos años. 

Otro motivo para hablar de nacionalización tiene que ver con el nacionalismo y con las preocupaciones por la seguridad nacional. En EEUU, otro mercado claramente peor desarrollado que España del lado de las telecomunicaciones, la administración Trump supuestamente baraja crear una red nacional 5G. Me gusta cómo lo exponía el New York Times: “Si se hace bien, una red nacional 5G podría ahorrar mucho dinero a muchos americanos y revitalizar la competencia en un sector que se ha convertido en un oligopolio atrincherado. Si se hace mal, por otro lado, podría parecerse a algo salido del desastroso libro de jugadas económicas de Hugo Chávez”. 

Pero dejadme concluir con un argumento clave sobre por qué no sólo es ridículo pensar en nacionalizar Vodafone, sino también injusto. Es una compañía que tiene luces y sombras, como todas, y que ha afrontado retos, a veces con más acierto y a veces con menos. A nadie, ni a mí ni probablemente al CEO de la compañía en España, el portugués Antonio Coimbra, le hace ninguna ilusión que vaya a haber salidas. Pero no sólo se atrevieron a competir con una compañía que, durante muchos años, tuvo completamente de su lado al gobierno. Sino que han hecho varias apuestas por España. Cuando Telefónica se puso manos a la obra y empezó a desplegar fibra por todo el territorio nacional, Vodafone compró Ono y volvió a invertir varios miles de millones para no dejar de ser competitivos en nuestro país. 

La vida ya no sólo es móvil y móvil no sólo es Vodafone. Pero nuestras redes serían peores de no ser por “los rojos” y estaríamos peor comunicados sin ellos. Y mucho peor si dependiese de un político español. De cualquiera.