El Banco Central Europeo sigue negando el acceso a la documentación relativa a la caída del Popular a los accionistas minoritarios. El regulador asegura que todos los documentos relativos a la supervisión del banco, así como los emitidos durante el proceso de resolución, debe permanecer secretos porque “los supervisores deben gozar de la confianza de las entidades”. Eso sólo se logra sometiendo a un régimen de “confidencialidad” todas las actuaciones en torno a ellas.

Según el criterio del BCE los bancos estarán “más dispuestos a comunicar información fiable y exacta si saben que estará protegida por un principio de confidencialidad”. Así lo explica en una carta enviada a un minoritario del Banco Popular, tras una petición de información por la resolución de la entidad en junio de 2017. En ella se solicitaban todos los documentos que se emplearon para decidir la insolvencia de la entidad, lo que engloba “las actividade de supervisión continua”, apunta el regulador.

Para el organismo que lidera Mario Draghi, todos esos informes no pueden ser entregados porque están sujetos a confidencialidad y, por tanto, amparados por el Derecho de la Unión. Además, y como ha reiterado en distintas ocasiones, cree que hacer públicos determinados aspectos del proceso que llevó a la venta del Popular al Santander podría afectar a sus estrategias comerciales.

Respuesta al BCE 

La misiva ha recibido ya contestación a través de una de las asociaciones de afectados por el Popular. En concreto, insiste en que la Junta Única de Resolución (JUR) “no ha hecho una ponderación” entre el “supuesto” daño que ocasionaría el acceso a la información. Por tanto, a su juicio, el regulador no puede negarse a entregar la documentación pues desconoce si, realmente, tendría algún efecto negativo.

Del mismo modo, se considera que la resolución e integración del Popular en Santander ya se ha ejecutado. Por tanto, “ningún perjuicio puede producirse al Santander su ya está dictada y ejecutada”, acaba el texto. Por tanto, vuelve a insistir en la necesidad de que tanto la JUR como el BCE procedan a entregar al accionista toda la documentación que solicitaban en la misiva inicial.

Es uno de los últimos capítulos que se vive entre los minoritarios del Popular, que siguen su lucha en los tribunales. Allí la semana pasada el fondo Algebris lograba que la justicia reclamara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que que le envíen los expedientes abiertos sobre la excúpula del Popular.

El regulador analiza, como ha adelantado EL ESPAÑOL, un informe en el que detectó actuaciones irregulares en la gestión del banco por parte del equipo de Ángel Ron. En el caso del ICAC se estudia un expediente contra PwC, el auditor, de las cuentas del Popular. Está recurrido por la organización dado que ya el ICAC impuso una sanción de 250.000 contra sus auditorías del año 2012.