El gobierno de Quim Torra ha cumplido su palabra. Luz verde al decreto que regula la actividad de las VTC en Cataluña, en una norma que exigirá a que los coches de Uber y Cabify tengan que ser reservados con quince minutos de antelación.
La norma fue pactada con los taxistas la semana pasada, y permite también que los Ayuntamientos puedan elevar ese tiempo hasta los 60 minutos. Es decir, faculta lo que hará el Área Metropolitana de Barcelona con Ada Colau a la cabeza.
Además, se mantienen otras de las exigencias de los taxistas. Por ejemplo, la obligación de eliminar la geolocalización de los vehículos VTC, de modo que el usuario sólo pueda conocer su ubicación una vez hecha la reserva.
Tampoco podrán aparcar en la calle a la espera de servicios, y tendrán que esperar en aparcamientos subterráneos o volver a la base.
El responsable de hacer el anuncio ha sido el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, quien considera que esta norma "es rigurosa y legal", y diferencia claramente entre qué es un Taxi y una VTC y la forma en la que ambos deben operar.
El texto entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial, algo que ocurrirá este jueves. Por tanto, se pondrá en marcha el próximo viernes. Se cumplen los peores augurios de las VTC que a lo largo de las próximas semanas presentarán un aluvión de despidos, en vísperas de que se celebre el Mobile World Congress.
La primera empresa en dar el paso ha sido Vector Ronda Teleport, tal como publicó EL ESPAÑOL este lunes presentaba a la Generalitat la petición para una reunión con la consejería de Trabajo con el objetivo de iniciar los trámites de un expediente de extinción que afectará a un millar de personas.
Para el Govern "no se pueden anunciar despidos antes que de que se apruebe el decreto. Creemos que 15 minutos es un tiempo proporcional y competitivo. No queremos ceder ni al chantaje de la calle ni al chantaje de los despachos".
Además, las empresas de VTC han enviado cartas a los miembros del Gobierno de Torra y altos mandos de la Generalitat recordándoles que de firmar la normativa que provocará su expulsión podrían estar asumiendo "responsabilidades penales, civiles y administrativas".
Los conductores de las VTC analizarán este martes acciones de protesta contra el ejecutivo de Torra, aunque durante toda la mañana han aparcado los vehículos en la Diagonal.
En paralelo, el Govern quiere poner en marcha una nueva normativa que cambie por completo la fisionomía del sector de transportes de pasajeros en vehículos de menos de nueve plazas. De este modo, se busca modernizar también al sector del Taxi y a las VTC para lograr que, de este modo, los taxistas puedan "modernizarse", en palabras del conseller.
Entre otras, dice que se apostará por la formación que deben tener los conductores; los períodos de descanso que tienen que tener; la flexibilización de las condiciones de explotación del Taxi (precios cerrados, taxi compartido), etc.
También abordará el debate de la transmisión de las licencias, y plantea la posibilidad de crear un fondo que ayude a la recompra de las mismas. Está por ver de qué manera se va a financiar, y no se descarta que se pueda imponer una tasa para sufragarlo dentro de las empresas de transportes.
Para Calvet, de lo que se trata es de poner coto "a la especulación" que ha habido en el sector del transporte; tanto de Taxi como de VTC. Por tanto, el objetivo es recuperar las licencias para intentar amoldar la oferta de vehículos que deben estar circulando por las calles de Cataluña.