El fin de la actividad conlleva una pérdida de miles de puestos de trabajo. Así lo denuncia Unauto VTC, la asociación que representa al 90% del sector en España, que señala al llamado 'decreto Calvet' como responsable de uno de los mayores Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de la historia reciente de Cataluña.

En concreto, la aprobación del nuevo Decreto Ley de la Generalitat, por el que Uber y Cabify ya han anunciado que cesan su actividad en Barcelona, supondrá de manera directa e inmediata, según sus cálculos, la destrucción de los más de 3.000 empleos que genera el sector de VTC en Cataluña.

Fuentes sindicales consultadas por este periódico coinciden en señalar que no se tienen datos recientes de otros ERE de este tipo, apuntando como ejemplos los últimos de Vodafone (cerca de 1.200 personas) o CaixaBank (con unos 2.000 afectados). Comentan, eso sí, que los conocidos hasta ahora suelen entremezclar despidos con otras fórmulas como prejubilaciones o bajas incentivadas; fórmulas que, de momento, no se conoce si podrán aplicar las compañías de VTC.

Según denuncia Unauto, las grandes empresas del sector en Cataluña, Vector Ronda, Moove Cars y Auro han iniciado los procesos de resolución de los contratos laborales de sus 1000, 750 y 330 trabajadores respectivamente. Otras como Forever Tours Dreams también comenzaron a comunicarlo a sus trabajadores a mitad de semana, alegando "causas absolutamente ajenas a nuestra voluntad".

"Con el decreto del señor Calvet se destruye todo el tejido industrial del sector VTC catalán. Estamos hablando de decenas de empresas y muchos autónomos titulares de autorizaciones VTC que ven desaparecer su derecho a ganarse la vida dignamente”, sostiene Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.

La Generalitat se defiende

Ante estas acusaciones, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha señalado que “mientras las empresas se van, las licencias y los conductores se quedan”. En esta línea, ha explicado que desde la Generalitat se están estudiando medidas para que no queden “licencias sin usar”.

En este sentido, el Govern estaría planteándose recuperar esas licencias para ponerlas de nuevo en el mercado y ofrecerlas, mediante concurso, a empresas que estuvieran dispuestas a respetar la precontratación de 15 minutos.

Martín insiste, además, en que Cataluña "verá mermada sus arcas públicas en alrededor de 120 millones de euros al año y unos 310 millones de aportación al PIB de la región; y tendrá que hacer frente a reclamaciones por más de 1.000 millones de euros por parte de los titulares de autorizaciones VTC”.