El sector del Taxi ha activado lo que han denominado el 'Plan B'  tras la negativa de la Comunidad de Madrid a legislar un tiempo de contratación previa para Uber y Cabify. El objetivo ahora es volver a la casilla de salida, y mirar al Congreso en donde se tramitan ahora las enmiendas al decreto Ábalos que trasladaba a las comunidades las competencias en materia de vehículos de alquiler con conductor. 

Las asociaciones de Madrid han entregado en las últimas horas a los distintos partidos políticos un texto en el que incorporan una enmienda con un único fin: que los coches que trabajan con Uber y Cabify tengan que ser reservados con antelación.

En concreto, según el texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL por fuentes parlamentarias, quieren que "el contrato de arrendamiento deberá haber sido cumplimentado con, al menos, quince minutos de antelación a la recogida efectiva de los pasajeros". Un tiempo en el que se incluirá también el tiempo de cancelación de servicio que pudieran ofrecer las compañías de intermediación como Uber o Cabify. 

Las Autonomías podrán ampliarlo

La propuesta lanzada por los taxistas al Congreso supone, en la práctica, recuperar una competencia otorgada a las comunidades en noviembre, por lo que se abre la puerta a que las autonomías queden "habilitadas para incrementar dicho intervalo mínimo", pero también a que "las entidades locales puedan incrementarlo respetando criterios de proporcionalidad y no discriminación". 

De hecho, la propuesta enviada a los grupos contempla una modificación del apartado A de la Disposición Adicional primera del decreto sobre VTC aprobado en octubre, en la que se destaca que las Autonomías podrán regular sobre "solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo".

Se elimina, por tanto, la competencia en materia de precontratación que, sin embargo, será cedida para elevar por encima de los quince minutos que exigen. 

La justificación para una medida de este tipo radica en la necesidad de "armonizar aquellos aspecto de la explotación de las VTC y evitar la quiebra de la unidad de mercado". De este modo, y con una precontratación se "otorga seguridad jurídica a los usuarios". No sólo eso, es que también ayuda a "distinguir" entre el alquiler con conductor y los taxis "a fin de evitar poner en riesgo la adecuada prestación de dicho servicio". 

La presión se traslada a Fomento

Al igual que en el decreto de Cataluña, los taxistas aseguran que la necesidad de establecer esos quince minutos responden a una doble condición: "protección de los usuarios, que deben poder tener identificado un tiempo mínimo para tomar una decisión sobre el servicio que ha contratado"; y, en segundo lugar, porque la Administración necesita de "elementos objetivables que garanticen el control efectivo de estas condiciones de prestación de los servicios". 

Por ahora se trata de una propuesta lanzada por las cinco asociaciones de Madrid, pero no se puede descartar que en las próximas horas se sumen también las organizaciones representativas del Taxi a nivel nacional. 

Según han indicado los propios taxistas, será Podemos quien recoja sus inquietudes y las trasladen hasta las enmiendas que deben votarse sobre el proyecto de Ley de VTC tras la aprobación del decreto ley de José Luis Ábalos presentado al Congreso el pasado mes de octubre. 

Ahora los taxistas tendrán que intentar convencer al resto de grupos políticos para que la apoyen. Dan por descontado que el PNV, ERC, y PDeCat estarán del lado de Podemos. Se basan en que tanto País Vasco como Cataluña ya han fijado tiempos mínimos para la contratación de Uber y Cabify.

Reunión con Ábalos

La gran duda es la posición que mantendrá el Partido Socialista. La presión ya ha comenzado. Este miércoles desde Élite Taxi España lanzaban un comunicado en el que señalaban que "100.000 familias están en manos del PSOE", y exigen una reunión con el ministerio de Fomento para que les "escuche, ya que sólo él nos puede salvar". 

Aunque nadie quiere mojarse en este asunto, las posiciones que ha podido recabar EL ESPAÑOL en los días anteriores reflejan que la posición de Fomento y del PSOE es la de mantenerse en su postura inicial, que sean las Autonomías las que se ocupen de negociar. 

En definitiva, que el Taxi quiere volver a la casilla de salida. De hecho, organizaciones como Fedetaxi ya dejan entrever que la solución que se propone ahora era lo que ellos llevaban defendiendo desde hace meses: "café para todos", indican.