Las VTC creen que Madrid no tiene competencias para 'taxificar' su actividad

El sector de las VTC en Madrid comienza a cargarse de argumentos para defenderse de la ordenanza municipal que prepara el Ayuntamiento de Manuela Carmena para intentar regularlas. Un texto que plantea, en esencia, tres grandes aspectos: limitaciones horarias, la prohibición de iniciar o finalizar viajes en carriles bus y poner topes a los kilómetros que pueden hacer en vacío. 

Un texto que para los propietarios de las licencias de alquiler con conductor se arroga competencias que no le corresponden. ¿La primera? Cuando habla de la creación de un registro municipal que, en la práctica, supone la creación de un permiso local encubierto, algo para lo que la Comunidad de Madrid todavía no ha facultado al consistorio de Carmena. 

Lo mismo ocurre con la intención de prohibir las paradas y esperas en carriles bus algo que, en la práctica, supondría expulsar al sector de la calle Gran Vía, Alcalá o Castellana. Para lograrlo, el Ayuntamiento propone que aplicaciones como Uber y Cabify empleen la geolocalización para que no se puedan iniciar o finalizar los viajes en ese tipo de calles. Una materia para la que, según los abogados de las VTC, "no tienen competencias ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad Autónoma y, además, limita la competencia". 

Limitación horaria

Estas conclusiones figuran en un informe interno al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que se detalla artículo por artículo las irregularidades que el departamento de Movilidad del Ayuntamiento puede cometer si sale adelante la ordenanza que prepara y que fue adelantada por este periódico. 

La norma pillaba con el pie cambiado a todo el mundo, ya que el texto se conocía el lunes por la noche. Es decir, horas después de la reunión del Comité regional de Transportes, en el que Comunidad, Ayuntamiento, Taxis y VTC se vieron las caras. Sin embargo, allí los representantes de los taxistas se levantaron de la mesa y el consistorio no indicó su intención de presentar ninguna normativa, algo que ha indignado a los propietarios y representantes de las empresas de alquiler con conductor. 

De vuelta a la ordenanza, tampoco convence a las VTC la limitación horaria que se quiere imponer y que, en la práctica, supone equiparar la forma de trabajo a la de los taxis: la licencia puede trabajarse 16 horas diarias como máximo, dos días de libranza y los fines de semana sólo puede salir el 50% de la flota. 

Recuerda el documento que en el caso del Taxi estas limitaciones se establecieron para "limitar la propia oferta/demanda del Taxi" y no por motivos medio ambientales, que es para lo que el decreto aprobado en octubre del año pasado por Fomento facultó a los Ayuntamientos a legislar. No sólo eso, es que el régimen de libranzas fue anulado por la justicia por incumplir "el principio de igualdad". 

Sin competencias 

Del mismo modo, el sector de las VTC recuerdan que el control horario de los taxis se lleva a cabo a través del taxímetro y que no se puede obligar a las VTC a instalar un aparato similar y, además, este aspecto de libranzas y restricción horaria iría en contra de la Ley de Unidad de Mercado. 

El tema que más preocupa al sector es el de la limitación de los kilómetros que pueden circular en vacío. Sobre este aspecto los letrados creen que "no es proporcional ni está amparado en una causa imperiosa de interés general". ¿Motivo? No se otorga el mismo trato al Taxi, prueba de ello es que como ha contado EL ESPAÑOL más de la mitad de la flota de taxis incumpliría los baremos exigidos a las VTC, e incumple ademas la Ley de Unidad de Mercado. 

No sólo en estos aspectos el Ayuntamiento de Madrid incumpliría normativas o se arrogaría competencias que no le corresponden. Lo mismo ocurre, explica el documento, en la facultad que pretende otorgar a Policía y Agentes de Movilidad para el control de servicio y kilometraje, ya que el control del transporte no corresponde a estos cuerpos. Tampoco se habrían delegado facultades al consistorio para legislar en materia de derechos y deberes de conductores y usuarios, o para exigir que las aplicaciones tengan un canal concreto para las reclamaciones. 

Con todos estos argumentos, y algunos otros más, las VTC esperan tener capacidad para echar atrás el reglamento que este miércoles van a conocer en una reunión con el Ayuntamiento. A él advertirán de sus intenciones de impugnar la norma para evitar su proclamación, así como de que acudirán a la Audiencia Nacional para argumentar que va en contra de la Ley de Mercado. 

A la espera de una regulación estatal

Por su parte, la Comunidad de Madrid no regulará las VTC hasta que los grupos parlamentarios acuerden en el Congreso de los Diputados una nueva legislación estatal que establezca la movilidad del sector.

La titular de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Rosalía Gonzalo ha afirmado que no ha valorado la propuesta sobre las VTC presentada por el Ayuntamiento de la capital pero sí ha incidido en que desde el Consistorio han asumido unas competencias que se recogían en el decreto presentado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y que "durante meses" negaron que le correspondiesen.

Para la titular de Transportes, el decreto del Gobierno ha estado desde el inicio "mal planteado" dado que salió adelante sin consenso y sin pedir opinión a las autonomías. "Como consecuencia de ese decreto se han generado los problemas que hemos visto durante las últimas semanas", ha lanzado.