La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra 25 empresas que prestan servicios de consultoría, entre ellas Deloitte y PwC, al observar indicios racionales de que se han repartido el mercado nacional de servicios de consultoría. 

La CNMC sospecha de que han cometido infracciones prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según explica en un comunicado remitido este jueves.

Las infracciones consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional.

Concretamente, las empresas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018. 

Las empresas incoadas son: Abay Analistas Económicos; Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC; BmasiI Strategy; Competitividad Desarrollo e Innovación; Consultores de Políticas Comunitarias; Deloitte Consulting; Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory; Gestiona XXI Consulting; Gizarpro; Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom; Indra Sistemas; Innovisions 21; Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014; Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited; Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios; Red2Red Consultores; Regio Plus Consulting; T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International; y 97S&F. 

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas BmasiI Strategy; Deloitte Consulting; Idom Consulting; Engineering; Architecture; Innovisions 21; 97S&F; Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios; Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.

La incoación del expediente se produce tras inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018.

El origen de las actuaciones de la CNMC se encuentra en la remisión, por parte de la Autoridad Vasca de Competencia, de la investigación por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, la información obtenida en inspecciones realizadas por esa autoridad a principios de enero de 2017 en varias empresas.

La CNMC recuerda a las partes el “deber de reserva y confidencialidad” al que están obligadas con el fin de proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.