Abertis cifra en 2.951 millones de euros el importe que reclama al Estado por las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña en función de un acuerdo alcanzado en 2006 con el Gobierno y aprobado entonces por Real Decreto.
De este importe, 890 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, y los 2.061 millones de euros restantes a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico.
El Ministerio de Fomento deberá abonar la primera de estas cuantías en 2021, esto es, cuando concluya el plazo de concesión de la autopista, que explota los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.
En cuanto a la cantidad relacionada con el tráfico, su pago en ese mismo año está pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo, instancia judicial a la que ha desembocado el desacuerdo y el contencioso que Abertis y Fomento mantienen por esta cuantía desde 2011.
A comienzos de 2017, Abertis logró una sentencia favorable sobre este pago por parte del Tribunal Superior de Justifica de Madrid, si bien el Departamento que dirige Íñigo de la Serna recurrió el fallo ante el Alto Tribunal.
En caso de que el Supremo ratifique al juez de Madrid y dicte sentencia a favor de Abertis, el Estado tendría que abonar al grupo en 2021 el importe que corresponda entonces, dado que las dos cuantías van incrementándose cada año.
En su informe anual, Abertis indica que el Supremo tenía fijado la fecha del pasado 6 de febrero para votar y fallar el recurso, si bien el fallo aún no se ha comunicado.
No obstante, la compañía asegura que "mantiene, con más convicción si cabe, la solidez de los argumentos jurídicos, basados en el propio convenio que la Administración concedente y la concesionaria firmaron por razones de interés general", según indica su informe.
El importe de la reclamación se va incrementando cada año al cierre de 2017 se situaba en 2.603 millones de euros, con lo que en 2018 se ha incrementado en un 13,3%.
Conflicto con origen en 2016
El grupo de autopistas mantiene este litigio con Fomento mientras el pasado año cambió la estructura de su accionariado, actualmente controlado por ACS y la italiana Atlantia.
Además, a finales de este año, concluye el plazo de concesión de otro tamo de la AP-7, el que une Tarragona y Alicante, con lo que la vía volverá al Estado y levantará sus barreras de peaje.
De su lado, el Ministerio está pendiente de este proceso en tanto calcula la 'factura' que también supondrá para las arcas públicas el 'rescate' de nueve autopistas de peaje en quiebra. Se da además la circunstancia de que Abertis participa en cuatro de estas vías y ha mostrado interés en volver a pujar por ellas.
En cuanto al contencioso de la AP-7, tiene su origen en 2006, cuando el entonces Gobierno socialista alcanzó un acuerdo con Abertis, aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros. En virtud del pacto, la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejoras en el referido tramo de la autopista AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes. De su lado, el Estado se comprometía a asumir el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
No obstante, en 2011, tras el cambio de Gobierno, Fomento comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en lo que a las compensaciones por el tráfico se refiere y tras un intercambio de consideraciones e informes el asunto derivó a los tribunales.
La última manifestación del Ejecutivo sobre este asunto es la resolución dictada por el Consejo de Ministros en julio de 2017, en el que concluía que no correspondía compensar a Abertis por el tráfico de la AP-7 y señalaba a la caída de usuarios en todas las vías durante la crisis.