El Banco Central Europeo (BCE) sigue de cerca las investigaciones que el BBVA efectúa sobre las escuchas de Villarejo. Las conclusiones que se extraigan serán vitales para esclarecer lo ocurrido, pero también para hacerse una idea de la mayor preocupación que tiene el regulador en todo este tema: el daño reputacional que pueda sufrir el segundo mayor banco de España. 

Eso no significa que no esté preocupado por las responsabilidades que pudieran derivarse si, finalmente, la Audiencia Nacional observa algún tipo de delito en los que fueran gestores de la entidad. Al contrario, consideran que serán importantes para conocer lo ocurrido y en sus exigencias a futuro. Especialmente, si se demostrara que se ha cometido algún delito. Además, ayudará a comprobar si existieron o no fallos en el Gobierno Corporativo del banco que por entonces presidía Francisco González (FG). 

Fuentes cercanas al regulador explican que, por el momento, desde el BCE no está previsto exigir responsabilidades al equipo que lidera Carlos Torres. Ni siquiera, en contra de lo que se ha publicado, solicitar la renuncia de FG como presidente de honor del banco. ¿El motivo? Que en este momento González ya no tiene mando en plaza y, por tanto, no se puede hacer absolutamente nada.

Relevancia pública 

Esas mismas fuentes explican que, en efecto, desde el punto de la opinión pública la presencia o no de González en la presidencia de honor puede tener su relevancia, pero no así desde la labor de un supervisor que se ciñe a lo que dicen las normas. 

La clave de todo estará, por tanto, en lo que suceda en la Audiencia Nacional y la investigación que está abierta. Sobre todo porque si hubiera algún tipo de condena, entonces sí es probable que los reguladores exijan algún plan de choque. Algo que podrán hacer cuando se conozcan las sentencias judiciales, dado que (como recuerdan desde Frankfurt) ahora sí cuentan con competencias en supervisión. 

Y es que desde el BCE se apresuran también a quitarse de en medio sobre los posibles errores de supervisión que se hubieran cometido durante los años en los que Villarejo trabajó para el BBVA. Recuerdan que en el año 2004 y 2005 -durante el intento de asalto a Sacyr- el BCE no tenía competencias de supervisión sobre la banca española, que estaban en manos del Banco de España. 

Las agencias de rating

El BCE no es el único que está preocupado por el daño reputacional que pueda ocasionar este tema al BBVA. También las agencias de calificación, sobre todo en cuanto a los fallos que hubiera podido haber en el gobierno corporativo. Moody’s ya dejó entrever la semana pasada en Madrid que, una vez se conozcan todos los detalles de lo ocurrido, tomará sus decisiones sobre el rating. 

En conversación con EL ESPAÑOL, Alberto Postigo, vicepresidente senior credit officer de Moody’s, señalaba que uno de los temas que se tienen en cuenta a la hora de hacer sus valoraciones es la fortaleza de su gobierno corporativo.