Trinitario Casanova y los Riu vuelven a verse las caras por la propiedad del Edificio España
Un juzgado de Madrid celebra una vista este jueves para analizar medidas cautelares sobre los locales comerciales del edificio.
21 febrero, 2019 03:16El Grupo Baraka y Riu Hoteles se ven las caras este jueves en los juzgados. Sobre la mesa, una vez más, la propiedad de los 15.000 metros cuadrados que componen la zona comercial del Edificio España. La empresa murciana, propiedad de Trinitario Casanova, reclama que se reconozcan sus derechos sobre el espacio y se escriture a su nombre, algo a lo que se niega la cadena hotelera.
Será la segunda vez que el Juzgado de Primera Instancia número 51 estudie este asunto después de haber rechazado las medidas cautelares exigidas por Baraka el pasado mes de noviembre. Fuentes conocedoras del caso explican que en aquel entonces fueron rechazadas por un error del abogado a la hora de plantear cuál era la sociedad demandada, que no coincidía con la empresa que ostentaba la titularidad del edificio España en el registro.
Así que, una vez solventado el problema, la juez ha accedido a analizar de nuevo la cuestión. Esta vez ha admitido nueva documentación, así como la posibilidad de que comparezcan testigos en la vista que no habían sido admitidos hasta ahora. Entre ellos, miembros del antiguo equipo técnico de la obra, que abandonaron las obras cuando Riu se hizo cargo, así como técnicos del Ayuntamiento de Madrid.
El mandato de compra-venta
Sobre la mesa estarán, una vez más, las medidas cautelares que fueron desestimadas en noviembre y que fueron solicitadas por Baraka: que en la inscripción registral de los locales comerciales se incluya una anotación que indique que existe un pleito por la propiedad del espacio.
La medida que fue desestimada en noviembre por la titular del juzgado fue entonces celebrada por la cadena hotelera ya que “aclara que Riu es el único propietario del inmueble”. Una tesis que es defendida por la compañía desde que comenzara el enfrentamiento con Baraka. Una disputa que empezaba allá por 2017, cuando la firma que lideran Carmen y Luis Riu compraba a Trinitario Casanova el Edificio España. Este, previamente, se lo había comprado al grupo chino Wanda.
En aquel entonces ambas partes firmaron un documento que por el cual Baraka pasaría a ser la propietaria de la zona comercial una vez que las obras avanzaran, y se pudiera hacer una división horizontal del edificio que pudiera inscribirse en el registro. ¿Cómo se hizo? Mediante un mandato de compra-venta de la firma hotelera al grupo inmobiliario murciano. Y aquí es cuando empiezan los problemas.
Papel para Corpfin
Según Riu se trataba de un acuerdo para que Baraka buscara inversores o inquilinos que quisieran asentarse en la zona comercial del Edificio España. Para ello, según la cadena, tenía unos plazos que no ha cumplido y, por tanto, ha procedido a entregar la comercialización a Corpfin Capital.
La interpretación de Baraka es totalmente distinta. El mandato de compra-venta se hace con el objetivo de inscribir a su nombre la zona comercial si se dan tres condiciones: el abono de 140 millones, el avance de las obras y la inscripción en el registro. Condiciones que, según fuentes cercanas al grupo, ya se dan. Por tanto, no entienden que esto no se haga efectivo si no es porque Corpfin ofertó 20 millones de euros más por los locales.
De hecho, Corpfin tiene previsto lanzar varias socimis en las próximas semanas donde los locales del Edificio España jugarán un papel esencial para dotarlas de valor. En ellos, además, confían en poder atraer a grandes firmas de distribución que tengan en ellos sus tiendas ‘bandera’, ya que habrá cinco locales que estarán entre los 1.500 y los 5.000 metros cuadrados.
La solución a las peticiones de Casanova llegarán dentro de unos quince días, explican las fuentes consultadas, quienes recuerdan que el enfrentamiento entre Baraka y Riu por el edificio España no acaba aquí. El próximo mes de abril está programada otra vista por la denuncia interpuesta contra las obras, ya que el grupo murciano asegura que no se cumplen con todos los requisitos necesarios para solventar los problemas estructurales de la fachada del edificio.