Varapalo a la Generalitat en su cruzada contra las VTC. El Consejo de Garantías Estatutarias, organismo encargado de velar por la legalidad de las Leyes que emite el gobierno catalán, acaba de 'tumbar' el decreto que limita la actividad de Uber y Cabify en sus calles. 

A juicio de este órgano, que es equivalente al Consejo de Estado y que tiene carácter consultivo, considera que la obligación de reservar un coche con 15 minutos de antelación "vulnera la libertad de empresa". En concreto, asegura que "no constituye una restricción razonable", según los principios de proporcionalidad que exige el decreto Ábalos a la hora de legislar en esta materia. 

Las mismas causas son las que emplea para decir que la autorización para que los Ayuntamientos eleven esos tiempos de precontratación no debería aplicarse. Ambas decisiones han sido aprobadas por unanimidad de los miembros del consejo. 

De este modo, el órgano que asesora a la Generalitat en torno a la legalidad de sus normas, echa para atrás los dos pilares de la norma que regula las VTC en Cataluña. Sin embargo, sus dictámenes son meramente consultivos por lo que el Govern no tiene ninguna obligación de hacer caso a sus recomendaciones. 

Valida la geolocalización

Sí que le parecen correctos otros puntos de la norma elaborada por el gobierno catalán. Así, considera que la decisión de aplicar un decreto ley para legislar sobre esta materia no vulnera ninguna normativa, por lo que en este sentido está 'blindado'. 

También se ajustan a la legalidad otros parámetros que eran reclamados por los taxistas como el que las VTC estén estacionadas en aparcamientos o garajes cuando no tengan servicios contratados. 

Lo mismo ocurre con la geolocalización, que el Gobierno catalán exige desactivar a los operadores de VTC para que el usuario no pueda saber dónde están los coches más cercanos. 

El Consejo analizó el texto del decreto a petición de Ciudadanos. En la práctica no tiene ninguna validez, pero es indicativo de las posibilidades que las empresas de VTC tienen para poder recurrir la norma que expulsó a las compañías de la región. 

Se suma así a la decisión del organismo de competencia catalán, quien también ve "discriminatorio" el decreto aprobado.