Minipunto (y van dos) para Riu Hotels en la lucha por la propiedad de las zonas comerciales del Edificio España. La jueza ha desestimado las medidas cautelares que el grupo Baraka, propiedad del murciano Trinitario Casanova, solicitaba para impedir la anotación de la propiedad a nombre de la hotelera.
La magistrada ha rechazado la pretensión al considerar que no consta “de manera clara e indubitada la relación que necesariamente debe existir entre lo que se pide en la demanda y la inscripción en el Registro de la Propiedad”. En concreto, Baraka solicitaba que en la inscripción del registro se incorpore una anotación que fije la existencia de una disputa por la propiedad.
El objetivo de dicha medida es garantizar que cualquier posible inversor en las zonas comerciales sepa que pueden existir problemas a futuro con la propiedad. Sin embargo, la magistrada considera que el grupo de Trinitario Casanova no acredita la titularidad de esos espacios de forma correcta.
Baraka recurrirá
En concreto, y según explican desde el grupo, existe una discrepancia entre sus abogados y la jueza porque la demanda contra la hotelera se hace directamente desde la matriz de Baraka, en lugar de hacerlo desde la sociedad con la que se compró el edificio España (y que fue traspasado a su matriz antes de la venta a Riu).
Se trata de la segunda vez que la justicia rechaza las peticiones de Baraka lo que, a juicio de Riu Hotels es una buena noticia. “Seguiremos trabajando para inaugurar el hotel Riu Plaza España en verano de este 2019”, señalan en un comunicado remitido a este diario.
La decisión de la magistrada será recurrida por el grupo Baraka que, sin embargo, recuerda que todavía queda mucho partido por delante. Una cosa es que se desestimen las cautelares, y otra es lo que ocurra durante el juicio. “Será una batalla que durará años”, sentencian.
Y es que en el grupo murciano están convencidos de que la razón está de su parte. La disputa empezaba allá por 2017, cuando la firma que lideran Carmen y Luis Riu compraba a Trinitario Casanova el Edificio España. Este, previamente, se lo había comprado al grupo chino Wanda.
El acuerdo en el pasado
En aquel entonces ambas partes firmaron un documento por el cual Baraka pasaría a ser la propietaria de la zona comercial una vez que las obras avanzaran, y se pudiera hacer una división horizontal del edificio que pudiera inscribirse en el registro. ¿Cómo se hizo? Mediante un mandato de compra-venta de la firma hotelera al grupo inmobiliario murciano. Y aquí es cuando empiezan los problemas.
Según Riu se trataba de un acuerdo para que Baraka buscara inversores o inquilinos que quisieran asentarse en la zona comercial del Edificio España. Para ello, según la cadena, tenía unos plazos que no ha cumplido y, por tanto, ha procedido a entregar la comercialización a Corpfin Capital.
La interpretación de Baraka es totalmente distinta. El mandato de compra-venta, explican, se hace con el objetivo de inscribir a su nombre la zona comercial si se dan tres condiciones: el abono de 140 millones, el avance de las obras y la inscripción en el registro. Condiciones que, según fuentes cercanas al grupo, ya se dan. Por tanto, no entienden que esto no se haga efectivo si no es porque Corpfin ofertó 20 millones de euros más por los locales.