El 3 de octubre de 2018, Íñigo Errejón, aún en Podemos, y Mónica García se personaron en la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia contra la Fundación Jiménez Díaz y la Comunidad de Madrid por el "oscurantismo" que la formación morada consideraba que existía en el convenio firmado entre ambas entidades en 2011. Una denuncia basada en un informe preliminar de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cuya versión definitiva ha visto al fin la luz y que ha servido para desmontar los argumentos del partido que hoy lidera Isa Serra en Madrid.

El texto definitivo, ya aprobado y publicado, no sólo tumba los argumentos de Podemos, sino que pone de manifiesto significativos errores de metodología y  falta de rigurosidad en la versión provisional.

Así, el anteproyecto no sólo utilizaba un modelo de contabilidad analítica obsoleto para determinar la validez de las imputaciones de gasto que se hacía , sino que ese mismo modelo ha sido prácticamente abandonado por parte de los hospitales, por lo que resulta imposible comparar al tratarse de una evaluación de costes irreal que impedía conocer el coste real de cada proceso sanitario en cada hospital.

En el texto inicial del informe de fiscalización de las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de los años 2011 a 2015 no se daban las condiciones para validar el gasto real incurrido por los centros hospitalarios y resultaba imposible disponer de datos asistenciales homogeneizados que permitieran una comparación anual entre hospitales debido a las diferencias estructurales, los diferentes modelos de gestión o las características de la población asistida.

Un convenio renovado

El acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz para que la entidad privada atienda a pacientes del sistema público se renovó por 30 años en 2011 y amplió la cartera asistencial de la fundación hasta 435.000 personas de acuerdo con la Ley General de Sanidad y la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

La firma, que suponía una actualización del acuerdo a 10 años firmado en 2006m, incorporaba una serie de modificaciones con tres objetivos claros: contener el gasto, modernizar y adecuar las instalaciones a las necesidades asistenciales y favorecer la libertad de elección de hospital y especialista en la región.

En sus alegaciones al pliego provisional, la Fundación Jiménez Díaz argumentaba la falta de necesidad de cambiar ese acuerdo en tanto que su techo de gasto apenas ha sufrido variaciones desde 2012 y que, además, ha supuesto un reducción considerable del coste para el SERMAS en relación con los hospitales de su grupo. Se refiere a los hospitales del Grupo III, aquellos considerados de "alta complejidad", y entre ellos se compara con el Ramón y Cajal y con el Hospital de la Princesa, ambos sin servicios de obstetricia y neonatología, ni tampoco pediatría en el caso del segundo.

Desde la Fundación se va un poco más allá, pues argumentan que el informe de la Cámara de Cuentas no se han considerado gastos centralizados como son la centralización de actividades y servicios que, en su caso, ascendieron a 100 millones de euros en 2018, amortizaciones y gastos derivados de las listas de espera de centros concertados que benefician a los hospitales de gestión pública y que no son aplicables en hospitales de gestión indirecta como son ellos.

Concluye el argumentario con dos datos. Mientras que el Hospital Ramón y Cajal presentaba en 2017 una lista de espera de pacientes quirúrgicos de 5.372 pacientes y una demora media de 79,69 días por paciente, en el caso de la Fundación Jiménez Díaz esas cifras se reducen a 1.981 pacientes y una demora media de 11,78 días.