El BBVA tenía ya en el perímetro de su investigación el contrato entre la entidad que entonces presidía Francisco González y las empresas del excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de recuperar una deuda de 80 millones que el constructor Fernando Martín mantenía con el banco.

Fuentes de la entidad consultadas por EL ESPAÑOL confirmaron que las revelaciones de este contrato, que se concretó en el llamado ‘Informe Fish’, estaban ya enmarcadas en el perímetro de la investigación interna que realiza el banco, con una investigación forense por parte de PwC y otra jurídica liderada por Garrigues con el apoyo de Uría.

De este modo, las nuevas revelaciones publicadas este miércoles no afectarían a los tiempos de la misma ni obligarían a realizar nuevas ampliaciones en el marco de actuación.

El BBVA, según Moncloa.com, realizó este encargo a través de la firma de abogados Simmons & Simmons. En él, se incorporaban “vigilancias, seguimientos, filmaciones y controles electrónicos, (si fuera necesario)”. El presupuesto de la acción fue de 4 millones de euros, un millón como provisión de fondos.

Tradicionalmente, el banco ha insistido en que los contratos firmados con las empresas de Villarejo tenían propósitos legítimos y que en ellos se especificaba la necesidad de llevarlos a cabo cumpliendo todas las leyes.

Este viernes, en Bilbao se celebra en el Palacio Euskalduna la junta general ordinaria de accionistas del banco, y el sucesor de González, Carlos Torres, deberá ser ratificado en su cargo. En 2009, Torres ya estaba en el banco como director de Estrategia y Desarrollo Corporativo y miembro del comité ejecutivo de la entidad. 

Hostigamiento y boicot

Siempre según este diario, su trabajo incluía el “hostigamiento y en la medida de lo posible, boicot” de las actividades de las personas del entorno de Fernando Martín, que le ayudaran en la tarea de alterar su conducta contra el banco y que “con ello comience el proceso de cometer errores estructurales”. Se buscaba analizar la “conducta y vínculos” de la familia del constructor, al que se identificaba bajo la clave ‘TIN’.

La clave era dilucidar si Martín escondió su dinero en paraísos fiscales u otros países, como Rusia. Villarejo sospechaba de la canalización de fondos del constructor al exterior a través de la firma Ard-Choille BV.