La acampada en Castellana le cuesta al Taxi de Madrid 40.000 euros en multas

La 'acampada' del Taxi en Madrid durante la huelga de enero contra las VTC no va salir gratis al sector. Los actos de protesta les van a pasar una factura de, al menos, 40.000 euros en multas de tráfico. Una cantidad que podría subir en las próximas semanas, dado que las infracciones se están notificando de manera individual a los taxistas que pudieron ser identificados por la Policía. 

Así lo explican desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) quienes reconocen que hay distintos conceptos para las multas: estacionamiento indebido, abandono de vehículos, circular a velocidad anormalmente reducida, entre otros. Sanciones que, en muchos casos, conllevan la pérdida de puntos. 

Hablamos de multas que los agentes de la Policía Municipal o la Guardia Civil han podido imponer tras tomar nota de la matrícula o la licencia de los coches que se vieron implicados en las protestas. Obviamente no serán todos los que participaron, pero sí la mayoría. 

Habrá recursos

"Asumimos las consecuencias de lo que hicimos y pagaremos las facturas", explica el vicepresidente de la FPTM, Jesús Fernández, en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Sabíamos a lo que nos exponíamos", continúa, para explicar a este periódico que las multas van dirigidas contra los conductores a título individual y, por tanto, son ellos quienes deben abonarlas. 

¿Habrá recursos? En muchos casos sí, "aunque estamos intentando analizar caso por caso" para decidir la estrategia más adecuada, continúa. El objetivo es intentar presentar recursos colectivos con las multas de sus asociados. 

Desde la Federación consideran que los taxistas eran conscientes de que había un riesgo y, por tanto, ahora les toca apechugar con las consecuencias "no como otros sectores que tratan de buscar el recoveco de la Ley", dicen en referencia a las VTC que operan con Uber y Cabify. 

Las sanciones llegan mes y medio después de que terminara la huelga del Taxi de Madrid contra las VTC. Unas protestas que terminaron como empezaron, con los coches de Uber y Cabify operando en las calles de la ciudad después de que el Gobierno regional de Ángel Garrido se plantara ante el "chantaje" de los taxistas.