La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, comenzará este mes de marzo una fuerte ofensiva con representantes políticos de todos los partidos para intentar que sus propuestas para digitalizar la economía se incorporen en los programas electorales de las principales formaciones de cara a las elecciones nacionales y autonómicas que se celebrarán en los próximos meses.
La patronal de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, entre las que se encuentran Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil, Euskaltel, pero también Huawei, ZTE, HP, Cellnex, IBM, Nokia o Ericsson, presentó el pasado 12 de marzo su propio programa electoral con 34 medidas para la transformación digital de España.
Según la propia patronal los principales aspectos se refieren al marco fiscal, el empleo y la educación, la ciberseguridad, el I+D+i, el 5G y la Administración Pública, con especial énfasis en la sanidad. Se refieren a medidas concretas como la puesta en marcha de una estrategia de empleo digital, un nuevo marco fiscal para el sector, la creación de un ecosistema adecuado para estimular la inversión en ciberseguridad y alcanzar una Administración Pública 100% digital antes del año 2022.
Nada muy diferente a lo que ha venido planteando el sector en los últimos años, pero que en esta oportunidad tiene un fuerte componente político. La patronal quiere incluir sus demandas en la agenda de los partidos para la próxima legislatura. Para ello, DigitalES anunció una ronda de contactos con los principales líderes de la que EL ESPAÑOL ha podido conocer sus principales detalles.
Candidatos al Ayuntamiento de Madrid
La primera toma de contacto se ha cerrado con los candidatos al Ayuntamiento de Madrid. El 28 de marzo se reunirán con Begoña Villacís de Ciudadanos, el 2 de abril con Pepu Hernández del PSOE y el 11 de abril con José Luis Martínez Almeida del PP. El objetivo no es solo reunirse con líderes nacionales porque “tenemos medidas que proponer también en el ámbito local”, dicen desde DigitalES.
Paralelamente, la patronal ya tiene casi cerrados encuentros con Pablo Casado, número uno del PP y Albert Rivera, líder de Ciudadanos y se espera tener encuentros también con las otras formaciones. "La receptividad con los gabinetes de los partidos es muy buena, seguramente veremos incorporadas muchas de nuestras medias en los programas electorales", indican desde la asociación.
DigitalES también ha mantenido encuentros con los sindicatos UGT y CCOO con quienes trabajan en la Comisión Paritaria de Economía Digital. Entre sus primeras medidas, se encuentra la puesta en marcha de un nuevo catálogo de formación para el sector de la economía digital, con más de 50 nuevas acciones formativas, en diferentes campos demandados por las empresas donde no se encuentran perfiles profesionales suficientes.
No obstante, según ha confirmado este diario uno de los ejes principales de todas estas reuniones se encuentra en la fiscalidad, históricamente criticada por las operadoras de telecomunicaciones. Formalmente, DigitalES pide la revisión y reconfiguración del actual marco tributario y la derogación de la polémica tasa RTVE por la que las operadoras han pagado 1.200 millones de euros en la última década.
Nueva fiscalidad para el sector
La patronal pide a los partidos políticos analizar las principales cargas tributarias que afectan de manera específica al sector de la economía digital en España y elaborar un marco normativo que “reduzca la complejidad impositiva y disminuya la inseguridad jurídica”. Esto implica aceptar el fondo de la tasa Google que intentó sacar adelante el PSOE, pero criticar la forma en la que intentaron llevarla a cabo.
El sector es favorable a que se grave a las compañías que operan en España pero que tributan a través de terceros países, igualando así el terreno con las empresas que pagan sus impuestos en España. No obstante, critican que iniciativas como el reciente impuesto a los servicios digitales solo tenga un objetivo recaudatorio y obligue a sus socios a pagan nuevos tributos adicionales a los que ya pagan.
Respecto de la tasa RTVE piden su derogación inmediata. Las operadoras critican que hacer un doble pago por la televisión pública: el primero del 3% de sus ingresos brutos por operar como televisiones de pago y el 0,9% de sus ingresos por dar servicios de telecomunicaciones. El año pasado pagaron unos 150 millones y este se espera que deban abonar unos 160 millones. Las telecos han recurrido todos los pagos de la última década.