Bruselas acusa a la industria automovilística alemana de haberse convertido en un auténtico cártel -autodenominado "el círculo de los cinco"- confabulado para acabar con la competencia en el sector. La Comisión Europea ha enviado este viernes un pliego de cargos a BMW, Daimler y el grupo VW (Volkswagen, Audi y Porsche) en el que les acusa formalmente de haber llegado a un pacto ilegal con el fin de frenar el desarrollo y el despliegue de tecnologías para reducir las emisiones contaminantes de los coches de gasolina y diésel.

"Daimler, VW y BMW podrían haber vulnerado las reglas de competencia de la UE. Como resultado, los consumidores europeos no han tenido la oportunidad de comprar coches con la mejor tecnología disponible", ha lamentado la comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager. El envío del pliego de cargos da a los fabricantes una última posibilidad de defenderse. Una vez escuchadas sus alegaciones, Bruselas puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios de las compañías. 

En concreto, Bruselas cree que los fabricantes alemanes concluyeron una alianza ilegal para limitar el despliegue de dos tecnologías de control de emisiones: los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), que permiten rebajar las emisiones nocivas de óxidos de nitrógeno; y los filtros de partículas Otto (OPF), cuya función es reducir las emisiones de partículas de los coches particulares de gasolina.

La Comisión estima que el comportamiento de estas compañías tenía como objetivo restringir la competencia en el dominio de la innovación para estos dos sistemas de reducción de emisiones. Ello ha privado a los consumidores de la posibilidad de comprar coches menos contaminantes, aunque la tecnología estaba a disposición de los fabricantes. 

Esta investigación se limita a una posible vulneración de las reglas de competencia y no cubre las posibles infracciones a la legislación medioambiental. También está totalmente separada de otras investigaciones en curso, en particular las que están llevando a cabo diferentes países contra fabricantes de coches por la utilización de dispositivos ilegales para falsear las emisiones. Un escándalo, conocido como el Dieselgate, que ha afectado sobre todo a Volkswagen.

La investigación tiene su origen en una serie de inspecciones por sorpresa que Bruselas realizó en octubre de 2017 en las sedes de estos fabricantes en Alemania. El Ejecutivo comunitario ha recibido peticiones de inmunidad por parte de dos de los participantes en el cártel -cuya identidad no ha revelado-, que de ser aprobadas les permitiría librarse de la multa.