Los peritos del Banco de España han emitido su veredicto sobre la caída del Banco Popular el 6 de junio de 2017. Aunque en su análisis preliminar reconocen que el origen de todos los problemas de la entidad radica en que la ampliación de 2.500 millones del año 2016 se quedó corta y se hizo con información no veraz, el verdadero detonante para la resolución de la entidad y su posterior venta al Santander fueron "tres episodios de fugas de depósitos" durante el segundo trimestre de 2017. 

El episodio más grave se produjo el 31 de mayo de 2017 "afectando a una elevada cantidad de depósitos". Ese día, según su relato, fueron muchos los clientes minoristas los que decidieron retirar su dinero del Popular. No sólo eso, es que -además- se une la pérdida del único rating que tenía el banco en grado de inversión. 

¿Qué ocurrió ese día? Aparecieron las palabras de Elke Konig, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) en las que decía que el organismo "estaba haciendo preparativos" por si el Popular no lograba cerrar un proceso de venta o de fusión con otra entidad. No sólo eso, es que aquel día hubo también numerosos rumores de que las ayudas públicas al 'Popu' se habían acabado. 

Retirada de depósitos

Los propios peritos aclaran en su informe de conclusiones que el Popular "no pudo atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos". Niegan, por tanto, que los problemas vinieran porque no tuviera patrimonio suficiente para absorber las pérdidas de sus activos. 

Aunque desde el Banco de España explican que es complejo saber por qué se produce la pérdida de confianza de los clientes, sí que encuentran que en el caso del Popular pudo haber distintos factores: "la mala evolución en Bolsa tras no alcanzar los objetivos fijados en la ampliación de 2016, la incertidumbre sobre la estrategia del Banco a la hora de alcanzar los objetivos de solvencia en 2018, los continuos recortes de rating, y las noticias y declaraciones a la prensa no siempre fundadas sobre la situación real del Banco". 

El informe de conclusiones, de más de 400 páginas y al que ha accedido EL ESPAÑOL, se ha entregado al juez José Luis Calama, que es el encargado de analizar la caída del Banco Popular. En él se critica la "falta de comunicación" del Popular de una "estrategia clara" para cumplir con el incremento de los requerimientos de capital para el 2018, algo que "acentuó la inestabilidad de la valoración del Banco". 

Ponen como ejemplo la comparencia "imprecisa" del expresidente Emilio Saracho en la Junta de Accionistas del 10 de Abril de 2017 en la que dijo que la entidad tendría que ir a una ampliación de capital o a una venta. Sin embargo, sí reconocen que tras esas palabras la situación parecía "tranquilizarse" hasta que comenzaron a aparecer en distintos medios de comunicación noticias que hablaban de que la entidad había decidido optar por la venta. 

La ampliación debió ser mayor 

Unos problemas que se remontan a la ampliación de capital de 2016, que consideran "hubiera debido ser mayor para alcanzar los objetivos fijados". Pero también a las cuentas de ese año y a la reexpresión que el Popular tuvo que hacer de las mismas y la inestabilidad y desconfianza que se instaló en el mercado sobre la entidad. 

En concreto, los peritos del Banco de España afirman que las cuentas anuales del folleto de la ampliación de 2.500 millones de 2016 "no respetaban" algunos aspectos de la normativa contable.

Mención especial hacen a las operaciones refinanciadas de activos dudosos. Para elaborar esa documentación se emplearon las cuentas del 2015, por lo que "la corrección parcial" de las mismas fue lo que provocó las pérdidas del banco en diciembre de 2016. Una fecha en la que todavía no había terminado de sanear su balance y de actualizar sus activos improductivos (NPA por sus siglas en inglés). 

Cómo será la situación que los peritos del Banco de España reconocen que "no es posible cuantificar" el impacto de los incumplimientos de la norma a diciembre de 2016, sobre todo por la "sobrevaloración de las tasaciones". Así que se acogen a las estimaciones hechas por el propio banco en mayo de 2017: pérdidas para ese ejercicio de 1.915 millones de euros. Una cifra que venía motivada por las provisiones de 4.180 millones de euros, una cantidad que -como ocurría con las provisiones de 5.254 millones de 2016- estaba vinculado a "activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas del sector" durante la burbuja inmobiliaria. 

Las pérdidas, en ejercicios anteriores

El informe señala que buena parte de esas pérdidas tendrían que haberse reflejado en las cuentas de ejercicios anteriores. Sin embargo, critican que el Popular de Ángel Ron cambió en 2014 su política contable "dejando de estar alineada con el marco contable del Banco de España". Destacan dos aspectos: la cobertura de adjudicados y los criterios de operaciones refinanciadas fijados por el regulador en 2013 y 2014. Unos aspectos que no cumplió hasta octubre de 2016 a instancias de la inspección del Banco de España. 

¿Significa esto que era insolvente en 2016? En absoluto. A diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones, además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios. Eso sí, insisten los peritos en que eso no implica que los accionistas del banco pudieran tener pérdidas más adelante. 

Consideran también que Ángel Ron fue demasiado "optimista" con algunas de las estimaciones que había en el folleto de la ampliación de capital de 2016. Destacan sobre todo "la evolución de dudosos lo que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia" del documento presentado a los inversores. Eso sí, no dudan de que el objetivo de los 2.500 millones era cubrir las pérdidas ocasionadas por el aumento de las coberturas. 

Desviación de los objetivos

El informe, que firman los peritos Ruiz-Clavijo y Hernández Romeo, refleja que hubo desviaciones en los objetivos y resultados presentados en la ampliación de capital como demuestra que las pérdidas de ese ejercicio fueron mayores a las anunciadas. 

¿A qué responden? Pues en buena medida a "factores no controlables" por los gestores de la entidad. En concreto, cita el retraso en la venta de Totalbank y el abandono del proyecto "Sunrise" para deshacerse de carteras inmobiliarias. 

Hay otros factores que, en cambio, ambos peritos sí creen que son consecuencia directa de la gestión del Banco Popular. En primer lugar, "diferencias entre los planes de negocio de 2016" que se presentaron al Consejo junto con la ampliación de capital. El que se presenta en la documentación a los inversores prevé pérdidas de 2.373 millones, mientras que el adoptado finalmente hablaba de pérdidas de 2.500 millones de euros.